El Congreso de los Diputados ha aprobado, este jueves, el real decreto ley que incluye 7.000 millones de euros de ayudas directas a las empresas y autónomos afectados por la covid-19. La mayoría de grupos parlamentarios han criticado las ayudas y alegan que «son insuficientes», «llegan tarde» o «dejan fuera a algunos sectores», entre otros motivos. Además, numerosos parlamentarios se han abstenido en la votación.
Este plan de ayudas forma parte de un paquete mayor, de 11.000 millones de euros, de ayuda a la hostelería. Aunque la medida ya entró en vigor al ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), su convalidación definitiva tenía que darla el Congreso. En esta ocasión, la Cámara Baja ha aprobado las ayudas, con 177 votos a favor, 118 en contra y 113 abstenciones. PP, Ciudadanos y PNV son algunos de los partidos que se han abstenido, ya que habían solicitado su tramitación como proyecto de ley para poder presentar enmiendas.
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El partido de Pablo Casado ha justificado su decisión «por responsabilidad», y ha instado al Gobierno a revisar los requisitos necesarios para acceder a las ayudas. La diputada del PP Elvira Rodríguez ha asegurado que es «un procedimiento de gestión largo, costoso» y que «recae sobre las comunidades autónomas, sin además haberlo debatido ni consultado con ellas».
Desde Ciudadanos, María Muñoz ha afirmado que es un sistema de reparto «claramente ineficaz», con «medidas ineficientes» que «solo aplazan el desastre». Desde Vox, Patricia Rueda ha denunciado que el texto tiene «tantos condicionantes» -entre los que ha señalado que sea obligatorio mantener la actividad hasta junio de 2022- que será «prácticamente imposible» que muchos negocios puedan acceder a las ayudas.
Ferrán Bel, de PDeCat, ha reprochado que «llegan tarde no, tardísimo», y ha señalado que hay sectores con un 40% y 50% de pérdidas que se quedan fuera porque no han tenido en cuenta que las restricciones se han llevado a cabo territorialmente, por lo que hay sectores más afectados en comunidades concretas.
El PNV ha sido una de las formaciones más críticas con las ayudas. La diputada Idoia Sagastizabal considera que el decreto no es «eficaz» ni «eficiente» porque la crisis no ha afectado por igual a todos los sectores en las comunidades autónomas, y que también existe el riesgo de que algunos sectores sean «doblemente subvencionados», mientras otros podrían quedarse fuera.
Entre los partidos que han votado a favor del decreto también ha habido críticas. Inés Sabanés, de Equo, ha calificado de «incomprensible» la «resistencia a la aplicación de ayudas directas». «Llega tarde, porque muchas pymes se han quedado por el camino», ha declarado Ana Oramas (Coalición Canaria). Joan Capdevilla, de ERC, también ha declarado que han votado que sí «solo por responsabilidad de la economía real de pymes y autónomos», pero que cree que el Ejecutivo «merecía un no» por el decreto «malo, torpe, ramplón, prepotente y nada dialogado».
Calviño asegura que este año se movilizarán 29.000 millones en ayudas
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha respondido a las críticas defendiendo el fondo de ayudas porque, tras el daño «significativo» que ha causado la pandemia, «hay que seguir ayudando a empresas, trabajadores y autónomos». «Tenemos por delante semanas complicadas», ha asegurado.
Durante su intervención, Calviño también ha asegurado que «para dar una respuesta adecuada en el plano sanitario, educativo y económico», este año se van a movilizar 29.000 millones de euros en ayudas, lo que supone el 2% del PIB. «Para afrontar la recuperación es imprescindible seguir actuando con anticipación, previendo dificultades y tomando medidas responsables, rigurosas y de calado para evitar daños estructurales en el tejido productivo», ha defendido la vicepresidenta.
7.000 millones de euros en ayudas directas a las empresas
El dinero de las ayudas se podrá destinar al pago de gastos fijos, deudas de proveedores y al pago a otros acreedores financieros y no financieros, ya que busca evitar que el sobreendeudamiento empresarial lastre la recuperación económica. Del total de 7.000 millones, 2.000 millones estarán destinados a las Islas Baleares y a Canarias, por ser las que más han sufrido por la pandemia. El resto irá a las demás comunidades y ciudades autónomas.
Los autónomos que tributan en módulos recibirán 3.000 euros, y los que no y las empresas podrán recibir entre 4.000 y 200.000 euros. Estos importes podrán ser superiores en Canarias y Baleares, aunque siempre dentro de los límites de ayudas de Estado que ha fijado Bruselas. Estas ayudas compensarán, como máximo, el 40% de la caída adicional de ingresos en el caso de las micropymes y autónomos (hasta 10 empleados), y hasta un 20% para el resto de empresas.