Occidente sanciona a China por genocidio

Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea acusan al Gobierno de Xi Jinping de "crímenes contra la Humanidad" sobre la minoría musulmana

Josep Borrel, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha asegurado que resulta "lamentable e inaceptable" la respuesta de China a las sanciones. Foto: UE

Estados Unidos, la UE, Reino Unido y Canadá han anunciado que van a imponer sanciones a seis altos cargos de la región china de Xinjiang, donde la población es mayoritariamente musulmana. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaró en el comunicado que anunciaba esta decisión que “la República Popular China continúa cometiendo genocidio y crímenes contra la Humanidad”.

Los seis altos cargos contra los que van dirigidas estas acciones son miembros del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang y de la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang. El primero es una organización político-militar que gobierna de facto amplios territorios y numerosas ciudades de la provincia, y ha alcanzado acuerdos de colaboración económica con varias empresas chinas para construir y gestionar la red de campos de detención y sistemas de cibercontrol de los, aproximadamente, 25 millones de personas que viven en ella. 

Estados Unidos ya había sancionado a ambas organizaciones, el pasado 9 de julio, y, tanto en aquella ocasión como en esta, los medios estadounidenses afirman que son actos simbólicos y que no van a cambiar en la práctica la política china en el área. La diferencia entre ambos casos es que, para empezar, en esta ocasión es la OTAN -aunque no se trate propiamente de esta organización, sino de algunos de los países que la integran- la que impone la sanción.

Además, podría significar un problema para los objetivos económicos de Pekín en Xinjiang -aunque el impacto real de las sanciones vaya a ser pequeño-. Esta acción también supone una muestra de la renovada cooperación entre Europa y Estados Unidos: son las sanciones más duras impuestas por la UE a China, en 30 años, desde la matanza de Tiananmen, en 1989.

Los países y organizaciones internacionales que han firmado el acuerdo para sancionar al país asiático aseguran que este está llevando a cabo “un plan para destruir la cultura uigur de Xinjiang”. Esta está formada por personas étnicamente centroasiáticas y de religión musulmana. Entre algunas de las medidas que esta región está poniendo en práctica están el internamiento en campos de trabajo y adoctrinamiento de millones de personas, la esterilización forzosa y la destrucción de centros culturales.

Las medidas europeas, formalizadas por los ministros de Exteriores de los 27, están bajo el paraguas de la llamada Ley Magnitsky comunitariay son las segundas consecutivas en pocas semanas -las primeras fueron las aplicadas a unos cargos públicos rusos, responsables a su vez del caso Navalny-.

El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y los ministros han anunciado que no son “sanciones contra un país”, sino que constituyen una respuesta a la violación de derechos humanos. Sin embargo, China anunció en cuestión de minutos represalias contra 10 individuos y cuatro entidades de la UE. Las medidas punitivas también afectan a centros de investigación y al Comité de Política y Seguridad del Consejo de la UE, que está formado por embajadores de los 27 en Bruselas. Ni ellos ni sus familias podrán entrar en China, Hong Kong o Macao, ni hacer negocios con este país.

Borrell tuvo constancia de la reacción antes de terminar la propia reunión de los ministros europeos: “Nos resulta lamentable e inaceptable”, aseguró. “China ha vuelto a ignorar lo que ocurre, pero eso no alterará nuestra determinación para defender los derechos humanos y de responder a las violaciones independientemente de dónde se cometan”, añadió el alto representante .