Berlín ya no podrá limitar el precio del alquiler

La decisión del Constitucional alemán prohíbe esta medida, muy popular a ojos del Gobierno de España

El precio de los alquileres ha subido con el paso de los años. El Gobierno se propuso regular su precio, aunque ahora rechace imponer medidas. Foto: El Boletín.

La ciudad de Berlín ya no podrá establecer limitaciones al precio del alquiler, tras la decisión del Tribunal Constitucional de Alemania. Los jueces del órgano consideran que la llamada ley sobre los alquileres no es competencia de la región (forma en la que se organiza el territorio alemán), sino una decisión que debe ser tomada por el Gobierno nacional.

El Gobierno de la capital alemana había desarrollado esta medida con el fin de solucionar el problema de la vivienda y el acceso a ella, presente en la mayoría de las grandes ciudades europeas. La decisión, aprobada gracias a la unión entre los verdes y la izquierda de la ciudad, ha sido considerada como inconstitucional, al superar las competencias asignadas al territorio, ya que, como Estado federado, Berlín no contaba con la normativa correspondiente para llevar a cabo una decisión de este tipo. Esto ocurre porque el alquiler no puede ser regulado por ningún estado federado, ya que es una responsabilidad que compete al Gobierno federal, es decir, al nacional.

La norma, que entró en vigor en febrero de 2020, aunque había sido aprobada en 2019, prohibía que los precios de los pisos no amueblados y en alquiler que no fueran de nueva construcción superaran los 9,8 euros por metro cuadrado durante los próximos cinco años.

Esta decisión afectaba a más de 1,5 millones de hogares de la capital, y aunque no tuviera vigencia sobre las viviendas sociales (que siguen su propia regulación), simplificaba el proceso de encontrar una vivienda en un país en el que, según el Instituto Goethe, el 48,3% de los habitantes viven en régimen de alquiler, el porcentaje más alto de toda la Unión Europea, según el portal Statista. En el caso concreto en Berlín, un 85% de los habitantes se veían obligados a escoger este régimen.

La ley, además, castigaba a los arrendadores que echaban a los antiguos inquilinos con el fin de cobrar un mayor importe mensual, ya que estos no podían superar en un 20% el límite fijado. El medio digital Xataka se hacía eco de unos datos de la inmobiliaria Immowelt que apuntaban a un aumento del más del 104% de los precios del alquiler en los últimos 10 años. Este ascenso no correspondía con el aumento de los sueldos, ya que el precio de la vivienda era un 300% superior a lo que habían alcanzado los salarios.

En lo respectivo a su funcionamiento, la medida había resultado efectiva. Los precios habían reducido la velocidad a la que aumentaban en los últimos años. Además, los ciudadanos habían comenzado a aumentar su demanda de pisos en alquiler. También tuvo problemas. Sin embargo, también tuvo problemas, ya que numerosos propietarios comenzaron a vender sus pisos vacíos ante el temor de que la nueva ley redujera su valor. Además, algunos de los inquilinos denunciaron contratos fraudulentos por los que les obligaban a pagar el precio de antes de la regulación.

El Gobierno de España, atento a lo que ha sucedido en Berlín
La coalición entre Unidas Podemos y el Partido Socialista marcó como uno de sus objetivos regular el precio de los alquileres en España. Aunque el PSOE haya incumplido el acuerdo firmado entre ambos, desde la formación morada mantienen la expectativa de obligarles a cumplir lo acordado. Durante la defensa de este proyecto, ambas formaciones pusieron, en repetidas ocasiones, el ejemplo berlinés como modelo a seguir a la hora de limitar los precios.

La decisión del Tribunal Constitucional alemán no dará un vuelco a la hora de ejemplificar los beneficios de la regulación, ya que esta, salvo excepciones, se ha probado como efectiva. Además, la decisión no es comparable con España, al ser marcos legales diferentes. Sin embargo, la decisión alemana pone de manifiesto el riesgo que podría vivir el Ejecutivo, en caso de llevar a cabo la regulación, y es la denuncia de los propietarios de las viviendas, ya que fueron ellos los que, en Berlín, denunciaron lo que, a su parecer, era una situación injusta para sus intereses.

Durante la campaña electoral en Madrid, los candidatos han hecho frente al problema de la vivienda, con diferentes medidas que van desde la regulación hasta el aumento de la oferta del bien en cuestión. La propuesta de Pablo Iglesias, expresidente del Gobierno cuando fue aprobado el acuerdo entre los dos socios de Ejecutivo, se mantiene en el mismo lugar que cuando ocupaba el Ministerio de Asuntos Sociales, y propone, en caso de ganar y convertirse en presidente de la Comunidad, limitar los precios del alquiler para que estos nunca superen el 30% del salario medio en la zona en la que se busca.