PSOE, Podemos y ERC suprimen el español como lengua vehicular

La enmienda otorga el poder a las comunidades autónomas de determinar cuál será la lengua vehicular de la enseñanza en su territorio

Isabel Celaá en el Congreso de los Diputados. Foto: https://www.flickr.com/

El castellano deja de ser “lengua oficial” del Estado y “vehicular” en la enseñanza después de que PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) aprobaran un texto de enmienda transaccional para la Lomloe, la nueva ley educativa aprobada en la pasada legislatura, también conocida como Ley Celaá.

La enmienda ha sido aprobada con 26 votos a favor, 16 en contra y la abstención de PNV en la última ponencia de la Lomloe, celebrada en el Congreso. Ha contado con el apoyo de Bildu y Más País, y la oposición de PP, Ciudadanos y Vox. El nuevo texto presentado indica que “las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable”.

Los partidos de la oposición entienden la enmienda –aprobada en plenas negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado–, como una concesión al nacionalismo y anuncian acciones legales. La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, apuntaba que la enmienda le parece “gravísima” y “la pararán desde otras instituciones”, además, añadía que “con los derechos fundamentales no se mercadea, y menos si afectan a menores”. Cuca Gamarra, portavoz del PP, advertía en la convención económica del PP lo siguiente: “Ante los ataques del Gobierno a la libertad educativa, al castellano y a la libertad de prensa, recurriremos al Tribunal Constitucional y a Europa”. Vox juzga la medida como “la culminación de un proyecto de inmersión lingüística que tiene como meta la ruptura de la unidad nacional por la vía de los hechos”, tal y como manifestaba su portavoz, Joaquín Robles, en la Comisión de Educación del Congreso.

En el otro lado del espectro político se defendía, sin embargo, la aprobación de la nueva enmienda. Desde Unidas Podemos aseguran que se trata de “garantizar la igualdad en el sistema educativo español, que había quedado mermada con la aprobación de la Lomce”, no obstante, Bildu no se muestra del todo conforme y va más allá, pide “hablar de lenguas oficiales directamente, no de cooficiales”.

Joan Mena: “No se destinará ni un solo euro a la escuela elitista que segrega por sexos. Quien quiera llevar a sus hijos, en un delirio fundamentalista y sexista, a estos centros lo tendrá que pagar de su dinero”.

Además de la supresión del castellano como lengua “vehicular” y “oficial del Estado”, en la ponencia celebrada el pasado jueves en el Congreso, se aprobó otra de las más de 1.600 enmiendas parciales para la Ley Celaá, que se estudian desde el pasado mes. Esta supone un recorte más a la educación concertada y, en este caso, impide las subvenciones públicas a aquellos centros que separan a los alumnos por sexo. Sobre esta medida, se pronunció el portavoz de Educación de UP, Joan Mena, quién aseguró que “no se destinará ni un solo euro a la escuela elitista que segrega por sexos” y advirtió de que “quien quiera llevar a sus hijos, en un delirio fundamentalista y sexista, a estos centros lo tendrá que pagar de su dinero”. Al mismo tiempo que se celebraba la ponencia, la plataforma Más Plurales protagonizó una protesta frente a las puertas del Congreso en defensa de la libertad de los padres para escoger la enseñanza que quieren para sus hijos, algo que también reivindicó el líder del PP, Pablo Casado: “Vamos a velar por el derecho fundamental a la libertad de educación”.