El Gobierno aprueba la Ley de Vivienda

La regulación del precio de los alquileres y la movilización de la vivienda vacía son algunos de los puntos de la ley

Sede del Consejo General del Poder Judicial. Foto: Twitter @PoderJudicialEs

“Esta ley va a permitir que las comunidades autónomas regulen los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado, que son zonas donde los precios del alquiler son inusualmente altos”, declaró la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, sobre la nueva Ley de Vivienda.

El Gobierno aprobó, el 1 de febrero, el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. Ahora ha pasado a las Cortes y allí se tramitará por el procedimiento de urgencia, es decir, en la mitad de tiempo que un procedimiento ordinario. Los principales puntos de la ley son la regulación del precio de los alquileres y la movilización de la vivienda vacía. “Quizás uno de los mayores retos éticos que tiene nuestro país es sacar toda esa vivienda vacía al mercado”, explicó Belarra ante los medios de comunicación.

La aprobación del anteproyecto ha generado la crítica por parte del sector inmobiliario. Además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya mostró su disconformidad acerca de la ley, el 27 de enero, mediante un informe redactado por José Antonio Ballestero y Enrique Lucas, vocales del CGPJ. El escrito se publicó tras una votación de 15 votos a favor y seis en contra. En el texto se detalla que la Ley de Vivienda limita las competencias de las comunidades autónomas y que “supone una alteración del entendimiento de la propiedad privada de la vivienda”.

Otra cuestión que critica el informe es la falta de datos objetivos para determinar qué es una zona de mercado tensionado: “Es lo cierto que hasta ahora y desde los orígenes de la legislación especial arrendaticia se ha dispuesto de datos parciales imprecisos e ineficientes para la finalidad pretendida”.

El consejero delegado de la consultora inmobiliaria Colliers, Mikel Echavarren, también ha reprobado ese aspecto de la ley y ha declarado que “no está clarificado cuáles son las bases objetivas para determinar qué zonas están tensionadas y cuáles no, lo que, al inmiscuirse en la propiedad privada, anticipa una gran litigiosidad”.

Los precios de los alquileres ya se regularon en Cataluña, en septiembre de 2020, factor que también han aprovechado para atacar de nuevo la norma. El director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, comentó que, desde ese momento, en Cataluña los precios “han subido más que en otras comunidades autónomas, como la de Madrid, donde había libertad de rentas”.

Desde el sector inmobiliario reprochan al Gobierno que el anteproyecto ha salido adelante sin el consenso del mismo sector y defienden que la ley “contiene elementos de inconstitucionalidad”, como afirmó Beatriz Toribio, analista inmobiliaria.

Otros puntos de la ley
La Ley de Vivienda dictamina una desgravación general del 50% en el IRPF para los nuevos contratos. Dependiendo de varios criterios, será modulable hasta el 90% de bonificación para los caseros que rebajen un 5% en sus alquileres.

También movilizará la vivienda vacía, que la define como aquella que esté desocupada más de dos años y sea de propietarios con un mínimo de cuatro viviendas. También da la opción a los ayuntamientos de aplicarles un recargo de hasta el 150% de la cuota líquida del IBI y así facilitar su puesta en el mercado.

La ley afectará principalmente a empresas y grandes propietarios con 10 o más viviendas en su posesión. Al resto de propietarios, se les exigen reformas relacionadas con la eficiencia energética en la vivienda o que firmen un contrato de 10 años con los inquilinos. En ese caso se podrá subir el alquiler hasta un 10%.

En cuanto entre en funcionamiento la ley, el Gobierno concederá un plazo de 18 meses para que se apliquen las medidas.