El Congreso aprueba la proposición de reforma del delito de sedición

La votación concluyó con 187 síes a la propuesta, en una jornada en la que también se aceptaron los Presupuestos Generales del Estado (PGE)

La aprobación de la propuesta de reforma del delito de sedición contó con 187 síes en el Congreso de los Diputados. Foto: Twitter @cucagamarra

El Congreso de los Diputados aprobó, la madrugada del 24 de noviembre, el primer trámite para suprimir los delitos de sedición, que afectan al procés catalán. La reforma, en la que se pretende reducir la pena de prisión de entre 10 y 15 años a cinco, como máximo, sustituirá el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados. En la sesión política, además, se debatió acerca de los Presupuestos Generales del Estado, que también salieron adelante.

Los diputados, uno a uno, manifestaron su voto en voz alta, debido a la insistencia que había puesto el Partido Popular (PP) en esta fórmula para que los políticos mostraran individualmente su predisposición a que el proyecto de ley avanzase. Tras una votación en la que se escucharon gritos y exclamaciones por parte de los parlamentarios, en numerosas ocasiones, la derogación del delito de sedición pasó el primer trámite para llevarse a cabo, con un resultado de 187 votos a favor, 155 en contra y seis abstenciones.

Normativa «homologable»
La intención de esta ley es, según el Gobierno, hacer una normativa “homologable” al resto de Europa, lo que contrasta con las declaraciones del PP, que asegura que en algunos países el delito de sedición está penado con cadena perpetua. El término sedición, no obstante, no está recogido jurídicamente en algunos lugares, donde se hace uso de la nomenclatura de alta traición. En España, los líderes del procés estaban acusados tanto de sedición como de rebelión –que implica un alzamiento violento y público para “declarar la independencia de una parte del territorio” y un intento de “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”–, pero el Tribunal Supremo terminó condenándolos únicamente por el primer delito.

La nueva sanción recoge una pena menor y una inhabilitación profesional temporal, dependiendo del tipo de desorden realizado. El Gobierno advirtió de que no fue capaz de llegar a una conclusión fructífera después de los acontecimientos y el referéndum ilegal de 2017, ya que su Código Penal no se ajustaba al de otros países y “la colaboración no fue posible”, lo que también “impidió las extradiciones”.

El Tribunal Supremo contradijo la postura del Gobierno y afirma que no hubo “exceso punitivo”. Nueve políticos fueron encarcelados, con Oriol Junqueras a la cabeza –con una pena de 13 años–, y otros tres, inhabilitados. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien huyó junto con otros dirigentes, y que ahora se encuentra en el Parlamento Europeo en Bélgica, fue sentenciado también, pero su exilio voluntario de España bloqueó su entrada en prisión. La Fiscalía, en 2019, pidió la reactivación de la orden internacional y europea para su detención, después de que, un año antes, la Justicia de Alemania rechazara entregar al líder del procés a las autoridades nacionales.

Después de más de cinco años desde el levantamiento independentista en Cataluña, Puigdemont no ha sido extraditado a España, aunque en 2022 una nueva activación de la euroorden para la captura de los políticos huidos, dictada por el juez Pablo Llarena, abre aún la posibilidad de que el expresident pueda volver.

Desde la oposición, critican este primer trámite en el Congreso y aseguran que se trata solo de una estrategia para “mantenerse en el poder”.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, se refirió a los socialistas y aludió a que el independentismo buscaba “humillarles” y que desde luego ellos “no van a aceptar la humillación de los españoles”.

Se espera que la propuesta de ley sea finalmente aprobada y haya pasado todos los trámites para el 22 de diciembre, de manera que su publicación quede lista para el Boletín Oficial del Estado.