Miles de personas de la ciudad de Panamá han salido a las calles a manifestarse contra el decreto de la minería impuesto el pasado 20 de octubre. Este acuerdo generaría ganancias económicas para el país, pero también perjudicaría al medio ambiente panameño.
Panamá posee la mayor minería de cobre de toda Centroamérica de 12.000 hectáreas, lo que despertó el interés de la empresa canadiense First Quantum Minerals para pactar con el Gobierno panameño. El decreto le otorga una concesión minera de 20 años, ampliable a 40, y también proporciona derechos de explotación masiva de la mina.
El acuerdo se llevó a cabo sin realizar un estudio medioambiental previo, lo que ha llevado a algunos críticos a alertar de que podría ponerse en riesgo el suministro de agua y llegar a afectar las operaciones en el Canal de Panamá. El Canal ya afronta desafíos debido al cambio climático y la sequía. Este es uno de los motivos principales de la indignación de los manifestantes.
Otro motivo de preocupación es la aprobación del decreto 406 en menos de 72 horas. Algunos manifestantes argumentan que la razón de esta velocidad era para ocultar el acuerdo al pueblo.
Las calles de Panamá se han llenado de médicos, profesores, estudiantes e incluso celebridades internacionales que se unen en contra del Gobierno. Su objetivo principal es lograr la derogación del acuerdo minero para preservar el ecosistema del país. En los carteles, pancartas y panfletos de los manifestantes se pueden encontrar frases como “El verde es más importante que el cobre” o “Mi identidad cultural depende de la madre tierra, no de la ley minera”.
Aunque en su mayoría, las manifestaciones se han llevado a cabo de manera pacífica, ha habido un par de conflictos con la policía, resultando en detenidos y heridos. Esto se debe a que las protestas han bloqueado numerosas carreteras importantes en el país, lo que ha impedido a muchos estudiantes asistir a sus respectivas universidades y escuelas.
Las protestas no se han limitado a nivel nacional, sino que se han convocado en todo el mundo, incluyendo Madrid, Barcelona, Bélgica, Miami, entre otros lugares.
Acciones del gobierno
El Gobierno panameño ha tomado diversas medidas para abordar el conflicto. En primer lugar, defendió la decisión de aprobar esta ley, argumentando los beneficios económicos de 375 millones de dólares anuales para el país y los numerosos puestos de trabajo que la industria minera genera, tanto de forma directa como indirecta. Sin embargo, las declaraciones del presidente Laurentino Cortizo, no lograron frenar ni apaciguar a los manifestantes. Días después, Cortizo emitió un nuevo decreto que prohíbe futuras concesiones mineras, lo cual tampoco contentó al pueblo, ya que no resuelve los problemas actuales. La última medida ha sido convocar una consulta popular sobre la ley minera, a mediados de diciembre, en la que se decidirá si se deroga o no la Ley 406.
