Marruecos ha enviado una misiva dirigida a la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la que se declara inocente ante la acusación por lo sucedido el pasado 24 de junio, cuando 37 personas fallecieron durante un supuesto “abuso de la fuerza” en la frontera con Melilla.
En la carta, además, Marruecos ha señalado que no tiene “frontera terrestre” con España, palabras que, más tarde, el propio Ministerio de Exteriores marroquí ha corregido, afirmando que ambas naciones sí “comparten una frontera terrestre”. No obstante, en la primera nota, había explicado que Melilla era un “presidio ocupado” y que las ciudades autónomas eran “simples puntos de paso”.
La situación geoestratégica de Ceuta y Melilla no ha variado, aunque Marruecos, desde su independencia, en 1956, haya manifestado que le pertenecen. En 1415, Ceuta fue conquistada por el Reino de Portugal, que después se anexionó a España, lo que provocó una dependencia de la ciudad al dominio hispánico. Melilla, asimismo, fue tomada por la Corona de Castilla en 1497, después de que esta pidiese auxilio a los Reyes Católicos, ante la presión del sultán bereber.
Gobierno de España
Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular (PP), ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que aprovechase su intervención en el Congreso de los Diputados para “defender la soberanía nacional y la integridad territorial de España”. Sánchez ha contestado que “Ceuta y Melilla son España, punto”.
En una reunión mantenida el 7 de abril, España y Marruecos firmaron un acuerdo en el que el máximo dirigente del Gobierno español avaló el plan de estrategia marroquí para la autonomía del Sáhara, a la que se le permitirían competencias administrativas, jurídicas y judiciales propias. En abril, también se llegó a un pacto para la apertura de aduanas a partir del próximo año, que dejará el libre paso a “personas y mercancías” entre ambos continentes.
En el texto enviado por Marruecos a la ONU se denuncia la difusión de informaciones falsas con respecto a los acontecimientos del 24 de junio, y se expone que no se produjo la “violencia inusitada” de la que se les acusa. Desde Rabat, han justificado la actuación de sus fuerzas, y aseguran que el material armamentístico era “limitado” y que procedieron “según una necesidad y proporcionalidad” de contraataque. Además, han alegado que fueron 23, y no 37, los fallecidos, víctimas de una presunta avalancha. La ONU hablaba de “tratamiento discriminatorio de individuos de ascendencia africana”, acusación que han desmentido las autoridades marroquíes.
En la carta, el país africano, asimismo, protesta por la presión migratoria, de la que culpa a Argelia por ser demasiado flexible en el permiso de entrada a tierras marroquíes.