Exmilitares colombianos reconocen los crímenes de los “Falsos Positivos”

Los responsables de las muertes extrajudiciales que tuvieron lugar durante el conflicto armado interno de Colombia asumen, en audiencias ante los familiares de las víctimas, que asesinaron a civiles, que fueron contabilizados como bajas en combate

Audiencia por los "Falsos Positivos" organizada por la JEP. Foto: twitter @JEP_Colombia

Los “Falsos Positivos” es como la prensa colombiana denomina a los civiles asesinados por miembros del Ejército de Colombia durante el conflicto armado interno del país (que comenzó en 1964). Utilizaban estas muertes como bajas de combate para engrosar sus resultados en operaciones contra las organizaciones delictivas. El objetivo era conseguir compensaciones económicas, condecoraciones, reconocimientos o días de descanso. En 2008, comenzó la protesta por unos crímenes que empezaron a cometerse años atrás, considerados como muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. 

Actualmente, los estás investigando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que indaga, desde marzo de 2017, los crímenes cometidos durante el conflicto interno armado y a todas las personas involucradas. Está considerado por dicha fuerza como el macro caso de investigación 003. La JEP concluyó, en febrero, que, al menos, 6.402 personas fueron víctimas del Ejército colombiano. Según un informe presentado por la JEP, las cifras más elevadas se produjeron bajo el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez (de 2002 a 2010), con un 78% de las víctimas. Sin embargo, Uribe ha declarado no conocer las operaciones y tacha de “sesgado” el informe. La JEP ultimó que “los crímenes no hubieran ocurrido sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate”.

“No es fácil estar acá frente a las víctimas. No voy a justificar lo que hice. Asesinamos personas inocentes, campesinos”, confiesa el militar retirado Néstor Guillermo Gutiérrez. 

El martes 26 de abril, la JEP organizó en Catatumbo (Colombia) una audiencia de reconocimiento por los “Falsos Positivos”. “Maquinamos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos”, ha declarado el militar retirado Néstor Guillermo Gutiérrez. “No es fácil estar acá frente a las víctimas. No voy a justificar lo que hice. Asesinamos personas inocentes, campesinos”, añadió.  Por primera vez, exoficiales de las Fuerzas Armadas admiten estas operaciones. Además, estas declaraciones se han realizado delante de familiares de los fallecidos. Gutiérrez, quien fue cabo primero del ejército confesó también que después de asesinar a un inocente le colocaban un arma en la mano para que pareciese que era un combatiente.  

El día 10 de mayo, se realizó otra audiencia en el municipio de Soacha. En esta sesión estaban presentes los integrantes del colectivo Mafapo (Madres de Falsos Positivos) que se encontraron cara a cara con exmilitares que confesaron los asesinatos. Uno de ellos fue el coronel retirado Gabriel Rincón Amado, quien aseguró su responsabilidad de los hechos. Entre las declaraciones destacan el testimonio de los familiares de las víctimas: “Con él mataron a mi mamá, se acabó una familia, con él también se fue mi esposo”, asegura Cecilia Arenas, hermana de uno de los fallecidos.

La Jurisdicción Especial para la Paz
La JEP fue creada, en 2016, con el objetivo de promover acuerdos de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las penas que impone la JEP se basan en el principio de reparación de las víctimas, a base del reconocimiento de la responsabilidad. En caso de que ese reconocimiento no se dé, se les puede condenar hasta 20 años de cárcel. Sin embargo, si los acusados aceptan su cometido, se les impondrán sanciones especiales como limitaciones de la libertad de resiliencia y de movimiento y la realización de trabajos para reparar a las víctimas y a la sociedad, como construcción de escuelas.