El proyecto de subida de impuestos provoca protestas en Colombia

Los manifestantes salieron a la calle, el 28 de abril, para protestar por la reforma tributaria planteada por el presidente colombiano

El estallido social coincide con una crisis económica causada por la pandemia del coronavirus. FOTO: Twitter @alferdez.

Noticia redactada por Cristina Camacho y Nuria Usero.

Colombia vive entre las manifestaciones y las denuncias de brutalidad policial. Una semana después del estallido social contra el Ejecutivo de Iván Duque, el presidente ha tenido que renunciar a su propuesta fiscal para intentar calmar a la población. Sin embargo, la violencia continúa en las calles y varias organizaciones han alertado sobre ello.

El Gobierno de Colombia presentó, el 15 de abril, el proyecto de ley Solidaridad Sostenible. El objetivo era incentivar el PIB, que había caído en picado por la pandemia. A partir de 2022, comenzarían a subir los impuestos para aquellas personas que generen más de dos millones de pesos mensuales (aproximadamente, 500 euros). El siguiente año, entrarían las personas que ganen más de 1,5 millones de pesos mensuales, alrededor de los 380 euros.

El salario mínimo de los colombianos es de 204 euros al mes. Hasta ahora, los ciudadanos que obtenían 830 euros tenían que pagar impuestos obligatoriamente. Además, el plan añadía un IVA del 19% en servicios de energía y gas, y más impuestos en los productos de primera necesidad, incluido los gastos funerarios, que se han incrementado por la pandemia.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, afirmó que el proyecto había surgido tras conocer los datos en los que el déficit fiscal de 2020 llegaba al 7,8%. Debido a la pandemia del coronavirus, apenas subiría este año un 0,8%; menos de lo esperado por el Gobierno. “La estabilidad de las finanzas públicas no es un juego. Las decisiones hay que tomarlas a tiempo, con sinceridad y eficacia. Así, asumiremos el reto de proteger a los más pobres de los estragos de esta pandemia, manteniendo programas sociales”, aseguró Iván Duque un día después del anuncio de la reforma. 

La respuesta social 
El aumento de casos de coronavirus había llevado a la aprobación de una orden judicial para prohibir las marchas en las calles. Sin embargo, los principales sindicatos del país convocaron de inmediato una huelga nacional para protestar en contra de esta reforma. Miembros de grupos indígenas y de organizaciones de sociedad civil también han salido a manifestarse desde el 28 de abril. Además, unos 6.000 jóvenes han marchado desde sus universidades hasta el Monumento de los Héroes en Bogotá. Algunos de ellos hasta han dimitido en su trabajo para poder unirse a las protestas. 

Con esta marcha pacífica, los estudiantes también han querido recalcar que “no son terroristas”. Es más, a través de la manifestación buscan reivindicar la necesidad de que acabe la violencia: “Queremos que paren las muertes; también queremos que paren los secuestros y las violaciones que ha habido estos días”, asegura una de ellas. 

El 1 de mayo, el presidente, Iván Duque, compareció para anunciar el despliegue de las fuerzas militares. Esta decisión llegó después de cuatro días de protestas y debido a la escalada de las tensiones y al aumento de la violencia en las calles. Duque también lanzó una advertencia clara “a quienes, por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo pretenden amedrentar a la sociedad y creen que por ese mecanismo doblegarán las instituciones”. Además, el presidente recordó que, a pesar de las protestas y la crispación, la pandemia sigue existiendo. Y sigue muriendo mucha gente debido al coronavirus. 

La oleada de protestas y el aumento de la crispación social, también debido a la violencia policial contra los manifestantes, llevaron al presidente a anunciar, el 2 de mayo, la paralización de la reforma tributaria. Sin embargo, las manifestaciones han continuado. Ahora, ya no lo hacen solo por la subida de impuestos planteada, sino también por la represión policial que han sufrido los manifestantes. 

Desde el comienzo de las protestas, el 28 de abril, han muerto más de 20 personas -aunque algunas ONG aseguran que son más de 30-. Casi la mitad de las muertes han sido a manos de la Policía. También, hay, al menos, 800 heridos y en torno a 90 desaparecidos. Además, 10 mujeres han denunciado delitos de violencia sexual por parte de agentes. La la población pide el cese de la violencia en las calles. 

Amnistía Internacional ha confirmado que la Policía colombiana ha utilizado armamento letal y armas menos letales de forma indiscriminada, como gases lacrimógenos y cañones de agua y otros materiales, contra manifestantes. La ONU ha denunciado disparos de la Policía contra integrantes de uno de sus equipos de derechos rumanos. Además, ha remarcado la importancia de que el Gobierno colombiano garantice la protesta social y las marchas pacíficas. 

El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, ha anunciado que la Unión Europea condena estos actos de violencia, y que atentan contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión. Además, Stano ha pedido “investigar y llevar a la cárcel a los responsables de cualquier abuso y violación de los derechos humanos”. 

No obstante, parece que empiezan a llegar noticias esperanzadoras. Organizadores regionales del paro y las autoridades comenzaron a llegar a acuerdos el pasado 5 de mayo. Y en Cali, una de las ciudades más afectadas, ha empezado a entrar un corredor humanitario para proporcionar alimentos, suministros médicos y combustible.