El Consejo de Estado alertó al Gobierno de Pedro Sánchez de la falta de control en la tramitación del reparto de los fondos europeos. El informe del Consejo, que analizó el real decreto ley 36/2020 del Gobierno sobre los fondos europeos, mostró su preocupación “ante la eliminación o modulación de mecanismos tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones”. Además, reclamó “la necesidad de implementar todas las medidas precisas para garantizar una adecuada y eficiente asignación de los recursos”.
El documento fue realizado por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, presidido por María Teresa Fernández de la Vega, quien fue vicepresidenta del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero. El informe presentó 97 páginas con observaciones consideradas desde el máximo órgano consultivo como “esenciales”. En él, el Consejo advirtió de que la Unión Europea desempeñará un “papel fundamental en la vigilancia de la correcta gestión y ejecución de los fondos”.
El informe explicó que en el real decreto ley se incumple “la exigencia del análisis del impacto presupuestario” de las medidas previstas.
El informe del Consejo fue emitido el pasado 21 de diciembre. Diez días después, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros el real decreto ley por el que se aceptaron las medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Todo ello conforma el instrumento para la captación de los fondos de más de 140.000 millones de euros de la Unión Europea.
Sin embargo, cuando se convalidó el decreto ley, gracias a la abstención de Vox, el informe no se conocía públicamente. Más tarde, el Partido Popular y Ciudadanos revelaron su existencia y exigieron al Ejecutivo que lo publicara, tras asegurar que el contenido era “demoledor” y crítico con la norma aprobada. El partido de Pablo Casado llegó a recurrir al Tribunal Constitucional para que el Gobierno publicara el documento. También, exigió la comparecencia del Ejecutivo para explicar “la ocultación”, hasta ahora, del informe.
El decretazo para repartir a dedo los fondos UE sin control parlamentario ni administrativo fue aprobado por PSOE, Podemos, Bildu y Vox.
Exigimos la comparecencia del Gobierno para explicar la ocultación hasta hoy del demoledor informe del Consejo de Estado en la campaña catalana— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) March 1, 2021
La Moncloa defendió que en el decreto ley sobre fondos europeos “se recogieron todas las recomendaciones esenciales que hace el Consejo de Estado en su informe”. También, afirmó que las observaciones “se referían a aspectos concretos y puntuales”, ya que el documento en su conjunto mostró una “opinión favorable”.
“Graves insuficiencias”
El Consejo de Estado afirmó en el informe que, a pesar de que “formalmente” el decreto cumple las exigencias sobre el proyecto de gestión de los fondos europeos, desde una visión materialista y finalista se aprecia que la memoria remitida “adolece de graves insuficiencias en su contenido”. Sin embargo, aseguró que más allá de las observaciones que se pudieran formular, el proyecto merece en su conjunto “una opinión favorable» del Consejo.
El informe también explicó que en el real decreto ley se incumple “la exigencia del análisis del impacto presupuestario” de las medidas previstas, que “comprenderá, al menos, una referencia a los efectos en los ingresos y gastos públicos y que incluirá la incidencia en los gastos de personal, dotaciones o retribuciones o cualesquiera otros gastos al servicio del sector público”.
El informe advierte de que la UE desempeñará un “papel fundamental en la vigilancia de la correcta gestión y ejecución de los fondos”.
A pesar de que el informe afirmó que “puede ser difícil cuantificar dicho impacto en un contexto como el actual”, aseguró que sí se puede informar de la incidencia esperada de las diferentes medidas de corte presupuestario que contiene el proyecto y hacer una estimación aproximada de su repercusión. El documento confirmó que esa valoración “es importante para preservar el rigor en la gestión de los ingresos y gastos públicos”.
Además, el Consejo de Estado insistió en la necesidad de extremar la vigilancia en la fase preparatoria de los contratos, a través de mecanismos que aseguraran que los proyectos son viables, y de establecer un “riguroso y eficaz” sistema de responsabilidades para los autores de los proyectos y sus supervisores.
