La Administración de Estados Unidos ha explicado las bases de su política migratoria. El Gobierno de Donald Trump acelerará el proceso de deportaciones de inmigrantes irregulares que lleven menos de tres años en el país. Asimismo, no solo se repatriará a aquellos que hayan cometido delitos graves, sino a cualquier extranjero indocumentado. En total, este colectivo suma 11 millones de personas sin papeles.
Además, se deportará a aquellos inmigrantes que hayan “abusado” de los beneficios públicos y que supongan “un riesgo para la seguridad pública y la seguridad nacional», si así lo manifiestan los agentes de inmigración. Esto contrasta con la política del anterior presidente, Barack Obama, que permitía permanecer en el país a los que hubieran cometido violaciones leves de la ley.
Para llevar esto a cabo estas deportaciones masivas, según las directrices firmadas por el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, se incrementará el personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 10.000 empleados y el de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP), en 5.000. Además, ampliarán las competencias de estos trabajadores y se podrán sumar a ellos oficiales locales y estatales.
No obstante, las nuevas directrices no incluyen el Programa de Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés) que estableció Obama en 2012. Este proyecto permite a los cerca de 750.000 jóvenes, los dreamers (soñadores), que llegaron a EE.UU. de niños permanecer en el país. Trump declaró en un mitin en Florida el pasado sábado que le resulta complicado deportar a los más pequeños: “La situación de estos menores es muy difícil para mí, mucho… porque yo amo a esos niños; yo mismo tengo niños y nietos, y encuentro muy, muy difícil hacer lo que las leyes ordenan. Y todos saben que la ley es dura”.