Reino Unido y la Unión Europea (UE) recortan distancias en las negociaciones del Brexit, tras 18 meses de parón diplomático. El pasado viernes la premier, Theresa May, y el jefe de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, cerraron la primera fase del proceso de la salida británica de la UE.
Este primer acuerdo establece las bases necesarias para que ambas partes puedan, ya en la Cámara europea, llegar a un pacto final. En primer lugar, tanto la UE como Reino Unido han garantizado mantener y salvaguardar los derechos de los inmigrantes dentro de sus respectivas fronteras. Es decir, en principio, los europeos residentes en Gran Bretaña podrán quedarse sin problemas mayores y, a su vez, los británicos en Europa tendrán la misma suerte.
Sin frontera dura
En segundo lugar, han llegado a un acuerdo respecto a la frontera con Irlanda. A pesar de que en un primer momento este punto fuese uno de los más delicados e incluso llegase a bloquear las negociaciones unos días antes, May ha asegurado que “no habrá frontera dura” con su país fronterizo. “Garantizamos la integridad del Reino Unido”, indicó la premier.
En esta parte del acuerdo también participaron el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, y el líder de la DUP (el partido unionista norilandés), Arlene Foster. “El compromiso político más fuerte que existe en este documento es el compromiso de que no habrá fronteras duras”, explicó Varadkar en una rueda de prensa. El acuerdo indica que en el caso de que Gran Bretaña no logre un pacto por el cual se mantuviese en el mercado de libre comercio, la nación británica de Irlanda del Norte mantendría la normativa mercantil y la unión aduanera de la UE.
A pesar de las celebraciones de May, Varadkar y Juncker por alcanzar una idea común sobre este aspecto, Foster no está contento para con su país. “No recomendamos a la primera ministra proceder con este acuerdo en su forma actual, debido a los problemas que aún deben resolverse”, indicó en un comunicado.
Los británicos pagan
El tercer punto de esta primera fase tampoco tiene desperdicio: será Reino Unido quien pague la factura del Brexit. El importe económico, se calcula, que oscilará entre los 40.000 y los 45.000 millones de euros, aunque economistas europeos han vaticinado que podría ser mayor. Esta factura incluye, entre otros varios puntos, algunas obligaciones para el futuro como pagar las pensiones de funcionarios europeos con pasaporte británico.
A pesar de este gran paso en el Brexit, aún queda el camino más complicado. Los próximos 14 y 15 de diciembre, Theresa May se verá las caras con la Comisión Europea para intentar continuar las negociaciones para, en 2019, salir de la UE. Ahora, y tras acabar la primera fase, todas las miradas van a dos puntos: el periodo de transición y el acuerdo comercial.
Periodo transitorio
El periodo de transición, como indica su nombre, es el tiempo de adaptación del que dispondrá Reino Unido al salir de forma técnica de la agrupación europeísta. En un principio, el ala más dura del Gobierno de la premier (y ella misma en algunas declaraciones) dejaron clara su intención de salir directamente de la UE. Es decir, que desde marzo de 2019 Gran Bretaña estuviese fuera con todas las consecuencias que conlleva.
Ahora, May parece haber reculado y está negociando con la CE un periodo de dos años de adaptación desde la fecha de salida para adecuar paulatinamente a las instituciones británicas, y las europeas, a su salida. Aquí se genera un nuevo foco de conflicto: ¿cómo serán estos dos años?
Bruselas es clara e inamovible: Reino Unido tendría que mantener todos los derechos y deberes para con la UE, pero no tendría derecho a voto ni a debatir en ninguna de las decisiones de la organización. Esta postura indica que Gran Bretaña debería mantener la normativa en vigor de la UE a lo largo de esos dos años y, también, aplicar a las leyes británicas cualquier decisión legislativa que se apruebe desde Bruselas.