La violencia que se vive hace más de cuatro meses en Francia, a causa de las protestas de los chalecos amarillos, y la escalada del caos que se vivió en París el pasado sábado ha obligado al Gobierno de Emmanuel Macron a revisar sus planes de estrategia y poner en práctica «medidas fuertes», como subrayó el mandatario.
Más medios policiales, una mayor autonomía para los agentes sobre el terreno, un nuevo prefecto de Policía y, sobre todo, la prohibición de manifestarse en los Campos Elíseos y otros puntos sensibles del país son algunas de las medidas judiciales y de seguridad puestas en práctica para frenar la violencia, que puso en riesgo el pasado sábado la vida de varias personas en la capital francesa. Macron mandó con estas nuevas normas un mensaje claro: «ante los extremistas, la única respuesta posible es la de la seguridad».
«A partir del próximo sábado, prohibiremos las manifestaciones de los chalecos amarillos en los barrios más afectados en cuanto tengamos constancia de la presencia de ultras y de su voluntad de causar destrozos», anunció Édouard Philippe, primer ministro francés.
Tras un fin de semana de caos y destrozos, Emmanuel Macron reunió un comité de crisis para analizar los errores que se cometieron en la estrategia policial del pasado sábado. El presidente, que pensaba que con el Gran Debate Nacional había conseguido disminuir la cólera de los chalecos amarillos, se enfrentó el fin de semana a una realidad distinta. Unos 10.000 manifestantes, entre ellos cerca de 1.500 ultras encapuchados, ocuparon los Campos Elíseos, saquearon e incendiaron locales, comercios y vehículos, por un valor total de 170 millones de euros, según aseguradoras.
La nueva ley antidisturbios
«A partir del próximo sábado, prohibiremos las manifestaciones de los chalecos amarillos en los barrios más afectados en cuanto tengamos constancia de la presencia de ultras y de su voluntad de causar destrozos», anunció el primer ministro, Édouard Philippe.
Dado que la estrategia de mantenimiento del orden utilizada hasta el momento no está produciendo los resultados esperados, el Gobierno ha propuesto una nueva Ley Antidisturbios, que está siendo revisada por el Consejo Constitucional, y que permitirá prohibir la participación en las manifestaciones a ciertos individuos. Además, convertirá en delito cubrirse la cara, la estrategia que utilizan los ultras para evitar ser reconocidos.
Se anunció, también, que se elevarán las multas por participar en manifestaciones prohibidas, de 38 a 135 euros, y que se perseguirá a aquellos «que fomenten o justifiquen la violencia».
