El juez instructor del caso del procés, Pablo Llarena, ha insistido a la Fiscalía belga, representante de los intereses de España en Bélgica, para intentar conseguir la entrega de Carles Puigdemont, ha reiterado la importancia de que el Tribunal Supremo le juzgue. La Declaración Unilateral de Independencia y el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2018 son el motivo.
Esta decisión, que afecta también a los exconsejeros Clara Ponsatí y Lluís Puig, se lleva a cabo tras las dudas planteadas acerca de si el Supremo debe mantener la competencia para investigar y juzgar a Puigdemont tras conseguir su escaño como eurodiputado, al igual que Ponsatí y Puig.
En respuesta al Ministerio Público de Bélgica, Llarena alude a que los afectados ya habían planteado la opción de sostener que el Tribunal Supremo había perdido la competencia desde el instante en el que recibieron su acta como eurodiputados electos en la Cámara europea.
Este planteamiento ya fue rechazado por el propio juez el pasado 10 de enero, al resolver los recursos de reforma de Antoni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí contra el auto de 4 de noviembre de 2019. En este momento, se está a la espera de la resolución que adopte la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo.
Independientemente de esta resolución, Llarena sostiene la importancia de que la Fiscalía belga juzgue al expresidente de la Generalidad y mantener todas las órdenes impuestas contra él.
Llarena recalca que en ningún momento ha puesto en duda la decisión del Tribunal Supremo y recuerda cómo los antecedentes seguidos en España contra eurodiputados de este país siempre han determinado que tienen <<el aforamiento al Tribunal Supremo que presentan también los diputados o senadores».
Por este motivo, se rechazan los motivos de las defensas que hacían referencia a dos resoluciones del Supremo para rechazar la competencia de este tribunal para juzgar a eurodiputados. La respuesta de Llarena afirmaba que son dos razones diferentes e incomparables, ya que se referían a Silvio Berlusconi, cuando era investigado por la Audiencia Nacional y, a la vez, había sido elegido eurodiputado.
Finalmente, en enero, Llarena acordó mantener la vigencia de los euroórdenes de detención y entrega dictadas contra el expresidente catalán y de su consejero Toni Comín, además de continuar la tramitación. Asimismo, pedía a Bélgica que dejase sin efecto los plazos para resolver sobre las euroórdenes hasta que el Parlamento Europeo decida.
