La guerra antidroga encabezada por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, una caza contra drogadictos y traficantes, ha dejado ya más de 7.000 personas asesinadas. La Iglesia católica ha salido en ayuda de estas personas, ofreciéndoles refugio y protección.
Manila ha adquirido un parecido a la Medellín de los 80. El modus operandi más frecuente, llevado a cabo por oficiales de Policía y justicieros anónimos, es disparar a los adictos, indefensos, desde una motocicleta con la que, instantes después, se dan a la fuga.
Ante la dramática cacería, el sacerdote de la iglesia de Ciudad Quezón, Gilbert Billena, ha tomado la decisión de proporcionar refugio a todas estas personas que se esconden y huyen. Billena confiesa, tras haber votado a Duterte en las elecciones presidenciales de 2016: «Incluso yo, que estaba a favor de la guerra contra las drogas no me esperaba este resultado».
A pesar del miedo a ser acusados de colaboración por parte del Gobierno, cada vez son más las iglesias que han seguido el ejemplo de Billena y han abierto sus puertas poniendo a su disposición sus distintas redes de casas seguras. Lo cierto es que a pesar de esto, muchos en Filipinas apoyan los asesinatos como forma de hacer de sus barrios lugares más seguros.
Billena ha promovido un movimiento multirreligioso, llamado Rise Up. «Les ofrecemos la iglesia con la condición de que se tomen en serio cambiar el rumbo de sus vidas», explica el sacerdote.
No es la primera vez que, en Filipinas, la Iglesia se convierten en refugio de quienes huyen de una cacería gubernamental. Durante el régimen de Ferdinand Marcos (presidente del país de 1965 a 1986), los enclaves católicos protegieron a periodistas e intelectuales perseguidos y declarados enemigos del Estado por el propio Marcos.
Ahora, la situación se repite con los drogadictos que, sea cual sea el motivo de su situación, se quedarían sin una segunda oportunidad de no ser por los sacerdotes que han decido plantarse contra la barbarie.