El uno de octubre de 2017, parte de la sociedad civil catalana salió a votar un referéndum ilegal de autodeterminación en diferentes colegios electorales de Cataluña. La ilegalidad llevó al Tribunal Superior de Justicia Catalana a convocar a la Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Policía local a incautar todo material relacionado con el Referéndum.
Los Mossos cerraron más de 200 colegios electorales, aunque se pone en entredicho el papel del cuerpo policial catalán por haber sido menos restrictivos que la Guardia Civil o la Policía Nacional y no colaborar con ambos. Ante las ordenadas de mantener los colegios electorales cerrados y no permitir el desarrollo de las votaciones, Trapero es juzgado por dar instrucciones contrarias a lo ordenados por el TSJC, según la Constitución española y seguir unas instrucciones del Gobierno catalán. Aunque el artículo 2 de la Constitución dice que los Mossos d’Esquadra dependen de la Generalitat, el Gobierno central está por encima de este.
Joseo Lluís Trapero nació, en 1965, en Santa Coloma de Gramene (Barcelona) y creció en el barrio de La Gramenet de este municipio barcelonés. Se formó en la Escuela de Policía de Cataluña, donde ingresó en 1989, y más adelante, en 2006, se licenció en Derecho en la Universitat Oberta de Catalunya.
Josep LLuís Trapero, antiguo mayor de los Mossos d’Esquadra, se enfrenta al segundo juicio del procés. La Fiscalía pide 11 años de prisión por un delito de rebelión, presuntamente, cometido por Trapero.
Trapero tiene a sus espaldas 30 años de experiencia en los Mossos. En 2008, fue jefe de la División de Investigación Criminal de los Mossos y en 2012 fue nombrado jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal. Más tarde, en 2013, se convirtió en comisario y cuatro años después, en 2017, en mayor, cargo con el que gestionó los atentados de la Rambla y Cambrils. Trapero fue cuestionado por la gestión de estos sucesos y la polémica se hizo pública al conocerse que la Policía catalana recibió avisos sobre posibles ataques terroristas en la conocida calle de la capital catalana. Finalmente, en octubre de 2017, tras el 1-O, fue cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
El exmayor de los Mossos también es juzgado por su pasividad durante la jornada del 1 de octubre, algo que ha negado rotundamente. Además, dijo “haber avisado a Oriol Junqueras y Carles Puigdemont de la falta de seguridad”. Trapero admitió “haber interpretado mal las órdenes”, pero dijo “seguir las instrucciones en todo momento”.
Juicio
Trapero, quien ha estado acompañado durante el juicio por otros tres imputados, ha sido acusado tras los hechos ocurridos el pasado 1 de octubre en Cataluña. Además, serán juzgados hasta el 19 de marzo en la Audiencia Nacional por presunta rebelión cometida durante la actuación de los Mossos d’Esquadra en el cerco independentista a la Consejería de Economía en Barcelona tanto el 20 de septiembre de 2017 como el 1 de octubre, día del referéndum ilegal catalán.
Los otros acusados son el exdirector de los Mossos, Pere Soler, y el que fue segundo en Interior, César Puig, además de la subordinada intendenta Teresa Laplana, para la que piden cuatro años de prisión por un delito de sedición. Además, todos ellos están acusados de diseñar un dispositivo engañoso para permitir la consulta, además de consentir el acoso a la Consejería de Economía días antes, y tienen prohibido salir del país.
Este exjefe de Policía podría ser condenado a 11 años de prisión por rebelión, aunque la Fiscalía no ha cerrado la puerta durante el juicio a la rebaja del delito a sedición.
Durante el juicio, Trapero ha asegurado que su relación con Carles Puigdemont “no era estrecha, ni buena ni mala”. Además, ha confirmado que cuando el entonces director de los Mossos le nombró mayor, exactamente en 2017, Puigdemont “no lo sabía, ya que no tenía nada que ver en el asunto”.
Tras la acusación de la Fiscalía, Trapero ha alegado que el 20 de septiembre pretendían ayudar a la Guardia Civil y culpa a este cuerpo por no avisar a tiempo para realizar la defensa conveniente. Sin embargo, el fiscal Miguel Ángel Carballo ha acusado al exjefe de no socorrer a tiempo y de manera adecuada a la Guardia Civil durante todas las protestas realizadas, a pesar de que recibieron numerosas llamadas de auxilio para intentar sacar a todos los agentes de la Consejería ante la aglomeración convocada por la ANC y Òmnium.
Ante esta acusación, Trapero ha negado tajantemente que los Mossos no actuaron ante esas llamadas, a pesar de que el fiscal le ha recordado que “todas esas solicitudes de los guardias no conllevaban una respuesta positiva por parte de los Mossos”.
En relación con la salida de la secretaria judicial de madrugada por la azotea del edificio, Trapero ha asegurado que previamente había ordenado levantar el cordón policial porque a las diez y media de la noche se le aseguró que la Guardia Civil estaba teniendo problemas con el clonado de los ordenadores y podían tardar horas.
Además, Carballo ha querido cerciorarse de si era una condición de Pedro Sánchez, a lo que Trapero ha respondido que este “no puso ninguna condición porque él no es nadie para imponerlas”. El exjefe ha querido recalcar que “Sánchez puede decir misa. Todas las conversaciones con él acaban mal, normalmente”. Por último, se le ha acusado de mostrar una “pasividad absoluta ante una concentración catalana con actitudes hostiles y obstaculizadoras”.
