El Gobierno francés ha anunciado que endurecerá los controles sobre los desempleados y que las penas contra los que no acepten las ofertas dictadas por un asesor serán mucho mayores. El Ministerio de Trabajo avisó en un comunicado de su intención de triplicar el número de inspectores de parados, hasta 600, antes de 2019, además de sumar otros 400 para el año 2020.
Según el mismo comunicado, el Gobierno de Emmanuel Macron pretende sancionar a los parados que no busquen trabajo con suficiente empeño e incrementar las inspecciones sobre las personas que perciban prestaciones por desempleo.
La ministra de Trabajo, Muriel Penicaud, ha argumentado que la reforma busca que las ayudas al desempleo sean “más justas y más eficaces”.
Las sanciones incluyen suprimir un mes de la prestación por la primera falta, dos por la segunda y cuatro por la tercera. “No quieren ayudar a los solicitantes de empleo, sino vigilarles”, ha reprochado el responsable del principal sindicato de Francia, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Yvan Ricordeau.
Además, sancionará a quienes rechacen una oferta “razonable” de trabajo, según los criterios de la oficina de empleo, y a quienes se inscriban en el registro mensual de solicitantes de trabajo que se creará el año que viene, han informado los sindicatos.
La ministra de Trabajo, Muriel Penicaud, ha argumentado que la reforma busca que las ayudas al desempleo sean “más justas y más eficaces”.
La tasa de paro francesa cayó hasta el 8,9% en el último trimestre de 2017, lo que supuso que bajara del 9% por primera vez desde 2009.