«A través de la ley o la intimidación, España se ha convertido en un país donde los riesgos para la libertad de expresión han crecido discretamente en los últimos años». Con esta afirmación comienza el artículo Ilustraciones españolas denunciaron la ‘persecución’ política. Fueron retiradas firmado por Raphael Minder para The New York Times (TNYT).
«Los titiriteros ya han sido procesados por incitar al terrorismo. Así tienen a un usuario de Twitter de 21 años, un poeta y algunos músicos, incluyendo 12 miembros de una banda (La Insurgencia)», continúa Minder en el siguiente párrafo haciendo referencia a diferentes casos de enaltecimiento del terrorismo, injurias contra la persona, incitación al odio y/o amenazas en los que la Justicia ha sentenciado prisión. El periodista explica que estos casos tienen un mismo origen: la denominada Ley Mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana).
El artículo recuerda que esta ley fue aprobada por «el Gobierno conservador del presidente Mariano Rajoy» para «controlar la propagación de las protestas durante la crisis (económica)». También menciona un endurecimiento del Código Penal, respecto a las penas por enaltecimiento del terrorismo y la violencia, que ha llevado a «varias personas» a prisión por «mensajes ofensivos en redes sociales», además de «a raperos y cómicos».
Todo ello se centra en un caso: la retirada de la obra Presos políticos en la España contemporánea de la feria ARCO. Según explica Minder en su artículo, Ifema «no ha alegado el incumplimiento o violación de ninguna ley» y recuerda que el recinto está dirigido por el Gobierno autonómico y municipal.
Amnistía Internacional cree que ha sido «un mal año para la libertad de expresión» para España.
La obra, de Santiago Sierra, retrataba como presos políticos a Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat y en prisión preventiva actualmente, y a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Ifema explicó, como recoge el autor del TNYT, que retiraba la obra para «evitar polémicas» y que no eclipsase el resto de la feria.
Aun así, el director de ARCO, Carlos Urroz, ya ha explicado a los medios que «esta decisión parte de la presidencia de IFEMA». «En cualquier caso, yo no la comparto», ha afirmado Urroz, quien, además, ha recordado que su puesto sigue a disposición de Ifema-«Siempre lo he dicho: mientras sea útil estaré y cuando no sea útil, dejaré de estar»-.
48 horas, tres casos
Aunque Raphael Minder se centre en la polémica generada alrededor de ARCO, también ha mencionado los casos de Valtonyc y el secuestro cautelar de Fariña.
El primero de ellos es la sentencia de tres años y medio de cárcel, confirmada por el Tribunal Supremo el pasado martes, al rapero Josep Miquel Arenas (conocido como Valtonyc) por injurias hacia la Corona, enaltecimiento al terrorismo y amenazas en sus letras. Una condena que ha generado mucha polémica en España hasta el punto de que Juezas y Jueces para la Democracia han asegurado que el Tribunal de Estrasburgo «anulará» la pena.
Las penas previstas en el código penal para los “delitos de expresión” son desproporcionadas”. https://t.co/zVEl4LqxNP
— Juezas y Jueces para la Democracia (@JpDemocracia) 21 de febrero de 2018
Respecto a esta sentencia, Minder destaca que el propio Valtonyc se llama a sí mismo «preso político». Una denominación que el autor americano indica «no es fácil de descartar en un país que incluye una dictadura fascista en su historia».
El segundo caso es la retirada preventiva de todos los ejemplares del libro Fariña, de Nacho Carretero. El secuestro cautelar se produce después de que el exalcalde de O Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar denunciara al autor por presunta vulneración al honor.
El director de Amnistía Internacional piensa que las penas son «arbitrarias».
En el caso del libro, Minder explica que es el mejor ejemplo del llamado Efecto Streisand. Este efecto se produce cuando una institución o una persona de interés público trata de silenciar, tapar o desacreditar una información o publicación y consigue el efecto contrario. Es decir, que se haga mucho más conocido.
El nombre de este suceso proviene de la actriz y cantante Barbra Streisand, quien en 2003 intentó retirar una imagen aérea de su mansión en California. Lo que generó un gran interés por parte de medios y público.
Amnistía Internacional advierte a España
Como todos los años, Amnistía Internacional ha publicado el informe La situación sobre los Derechos Humanos en el Mundo en 2017/18, en el que destaca que ha sido «un mal año para la libertad de expresión y el derecho de agrupación libre en España«. La organización recomienda, en el documento, modificar la Ley de Seguridad Ciudadana tramitada en 2015.
«Alzar la voz, incluso en redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso», destaca Amnistía Internacional, que ve las sanciones como «arbitrarias». «En muchos casos», continúa el informe, «las autoridades presentaron cargos contra personas que habían expresado opiniones que no constituían una incitación a cometer delitos de terrorismo».
El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ha denunciado, durante la presentación del informe, que «cada vez hay más miedo a salir a la calle y a movilizarse para reclamar derechos». Beltrán, además, ha criticado que «comentarios en redes sociales, letras controvertidas y bromas» estén siendo juzgadas «bajo esa categoría vaga de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas».
El informe también destaca que estas penas pueden constituir «restricciones ilegítimas del derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información».