El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de casación presentado por Ecologistas en Acción y anula las restricciones de Madrid Central, amparadas por la Ordenanza Municipal de Salud. El proyecto, presentado por Manuela Carmena, posee, «importantes defectos de forma» que han llevado a la decisión del tribunal, que ratifica lo afirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en julio de 2020, y solo deja espacio a un recurso al Constitucional.
Fue en 2018 cuando el Grupo Municipal Popular denunció que la implementación de Madrid Central (proyecto estrella de la Alcaldía de Manuela Carmena) podría poner en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento, debido a su coste: 11,7 millones de euros, durante siete años. Los jueces no han valorado el hecho por su «trascendencia social», sino que desestiman el recurso por dos razones: la omisión del trámite de información pública y la ausencia de la memoria económica previa al proyecto, dos condiciones «imprescindibles».
«Mientras no sea firme la sentencia, Madrid Central sigue en vigor. No podemos hacer nada al respecto», advierte Martínez-Almeida.
El Ayuntamiento de Madrid, liderado por el popular José Luis Martínez-Almeida, quien se presentó a las elecciones bajo la promesa de que anularía Madrid Central, ha anunciado que, por el momento, las restricciones continúan vigentes. Su Gobierno dispone de dos meses para cumplir esta decisión y Martínez-Almeida ha advertido de que se mantiene la tramitación de las multas: «Mientras no sea firme la sentencia, Madrid Central sigue en vigor. No podemos hacer nada al respecto. En el caso de que alguno circule por Madrid Central sin los supuestos previstos, el Ayuntamiento tramitaría la multa correspondiente».
Cartel de la campaña electoral al Ayuntamiento de Madrid, en 2019, a la que Martínez-Almeida se presentaba bajo la promesa de acabar con Madrid Central. Foto: Twitter Vox.
El alcalde ha reiterado durante su legislatura que Madrid Central resultaba un gasto que no solucionaba los problemas medioambientales de la capital, razón por la cual puso en marcha, en 2020, el plan Madrid 360 grados, con el que pretende reducir las emisiones en un 15% y enmendar un proyecto que nunca vio como el adecuado, ya que que, según un estudio publicado, en 2021, Madrid es la ciudad europea con más mortalidad por la contaminación.
Desde los grupos de la posición lamentan la decisión de los jueces y culpan al Partido Popular de ser los responsables de la situación, al haber sido ellos los que denunciaron el error cometido por Manuela Carmena en la forma de tramitar la normativa de movilidad. Desde Unidas Podemos, han anunciado que, como miembros del Gobierno nacional, el jueves aprobarán una nueva ley que obligue a crear zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes, a partir de 2023.
Sin Madrid Central, se necesitan nuevas soluciones
El riesgo al que se enfrenta la Administración, una vez tomada la decisión del Supremo, es que, tras el plazo mencionado, podrían darse dos problemas: el primero, desde Bruselas, ya que la Comisión ha amenazado en repetidas ocasiones con sanciones para España si no mejora la calidad de su aire en determinados puntos, entre ellos Madrid. La multa, que recibiría el Gobierno central, sería derivada al ayuntamiento infractor. Ya el pasado julio, cuando el TSJM anuló por vez primera Madrid Central, el Ayuntamiento de Madrid se comprometió a hacer llegar a Europa un plan alternativo para evitar el gasto. Se espera que para junio, plazo en el que se acaban los dos meses de plazo que ahora tiene el Consistorio de la capital, desde el Gobierno del PP y Ciudadanos ya haya quedado aprobada la normativa y la regulación del plan Madrid 360 grados de forma definitiva.
El segundo problema llegaría desde los propios contribuyentes y los damnificados por las multas de Madrid Central desde 2019, ya que, al carecer de legitimidad y legalidad, los penalizados por incumplir la normativa de movilidad aprobada por Carmena podrían reclamar la devolución del importe pagado por la infracción. Actualmente, 1.393.000 conductores habían sido sancionados. Fuentes jurídicas consultadas explican cómo quienes ya han pagado sus multas tienen difícil recuperar su dinero, ya que resultaría muy lesivo para las arcas públicas. Sin embargo, la promesa de Martínez Almeida, en julio de 2020, de devolver el importe sancionado podría abrir las puertas a esta vía.
Madrid 360 grados, plan que ahora deberá adelantar los plazos previstos para satisfacer las demandas europeas, pretende legislar sobre toda la ciudad de Madrid y no sobre unos barrios determinados para reducir las emisiones de toda la región. Este proyecto incluye medidas como la peatonalización de la Puerta del Sol para hacerla una zona libre de emisiones, la prohibición de que los vehículos de etiqueta A circulen por el interior de la M-30, a partir de 2022, implementación de líneas gratuitas y no contaminantes de autobús para viajar por la zona centro de la capital, la renovación de la flota de autobuses de la EMT o la erradicación de las calderas de carbón antes del comienzo del próximo año.
