El PP recurrirá ante el Constitucional la inclusión de Iglesias en el CNI

- Desmarcar - 25 de marzo de 2020
Casado, durante un acto sobre infraestructuras en Madrid. Foto: Flickr

El Partido Popular (PP) recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la inclusión en el decreto de alarma del vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Este cambio permite a Iglesias evaluar los servicios de inteligencia, en cuyas reuniones participa desde febrero. «Estamos ante un uso de la extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86 de la Constitución no solo anticonstitucional sino inmoral», declaró Enrique López, juez español, para recalcar que no es momento de «actos egoístas y menos de decisiones que no tocan».

El PP apoyará este decreto, con la condición de que el apartado relacionado con Iglesias pueda ser votado de manera independiente. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha escrito a través de Twitter que «no se puede estar más pendiente de un sillón en el CNI que de proteger a los sanitarios que se la juegan», haciendo alusión así al personal sanitario que lucha diariamente contra la COVID-19.

Ha sido el propio Casado quien ha acusado directamente a Sánchez por «haber aprovechado la situación por la que está pasando España para blindar la presencia de Iglesias en esa comisión que controla los servicios secretos», además de calificarlo como «vergonzoso, anticonstitucional e inmoral». También la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, aseguró que era el momento de la «unidad y arrimar el hombro» y no «de blindarse en el CNI».

El Consejo de Ministros ya aprobó en febrero un decreto que regulaba los miembros de la comisión delegada del CNI para dar la oportunidad a Sánchez de incluir a los cargos de la Administración que considerase oportunos.

Además, Vox fue el primer partido político en denunciar dicha situación, afirmando que se habían aprovechado de la situación de unidad por la que estaba pasando España para blindar a Iglesias en el CNI, acto que Abascal ha calificado de «canalla e infame».

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