El Gobierno impone el estado de alarma en Madrid

- Desmarcar - 9 de octubre de 2020
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Redactado por Paula Burgos, Cristina Camacho, Nuria Usero y Yago Vázquez.

La falta de acuerdo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha llevado a Pedro Sánchez a decretar el estado de alarma en la región para poder mantener el cierre perimetral de la capital y otros nueve municipios, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulara las medidas que entraron en vigor el 2 de octubre. 

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecieron ante los medios tras el Consejo de Ministros donde han declarado el estado de alarma en Madrid y ocho municipios de la comunidad por “la situación de especial riesgo de transmisión no controlada”.

Salvador Illa afirmó que en la Comunidad de Madrid no hay brotes aislados y que la situación en los hospitales es complicada “tanto para las personas ingresadas como para los sanitarios”. Además, remarcó que otras ciudades europeas con pocas incidencias del virus ya han actuado con restricciones similares a las que decidieron aplicar el 30 de septiembre en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Illa señaló que han decidido aplicar otra fórmula jurídica debido a que la última orden ministerial era insuficiente para limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos, según el TSJM. “El objetivo es evitar la propagación a otras comunidades autónomas y poner en peligro la salud de otras personas”, afirmó.

Durante esa misma comparecencia, el ministro aseguró que las medidas serán las mismas que anunciaron anteriormente, solo que con otra cobertura jurídica.

La primera de las restricciones limita la movilidad entre los municipios con confinamiento perimetral (Madrid capital, Leganés, Alcobendas, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Móstoles, Getafe y Parla). Es decir, no se podrá entrar ni salir de estos municipios salvo en casos justificados como la asistencia a centros sanitarios, ir al trabajo o a centros educativos, cuidar de personas mayores o dependientes o trámites financieros o administrativos inamovibles, vuelta al primer domicilio o cualquier otro hecho similar debidamente justificado. 

Las reuniones siguen siendo de un máximo de seis personas, excepto convivientes, y tampoco podrá haber más de ese número en la misma mesa de un bar. El aforo en estos espacios está limitado al 60% en exterior y al 50% en interior; sigue prohibido el consumo en barra y todos los establecimientos deberán cerrar a las 23:00 h, con excepción de aquellos especializados en comida a domicilio.

Los establecimientos comerciales también limitan su horario hasta las 22:00 y su aforo queda reducido al 50%. En el caso de las instalaciones deportivas, el aforo queda igualmente reducido a la mitad, tanto al aire libre como en el interior, y con un máximo de seis personas para las prácticas grupales.

Tanto en las academias como en los centros privados de formación o enseñanza no reglada se limita al 50%. Por último, en los lugares de culto el aforo queda reducido a un tercio, siempre que se mantenga una distancia mínima de 1,5 metros; y en los velatorios habrá un máximo de 15 personas en caso de ser al aire libre o de 10 si es en un espacio cerrado.

Grande-Marlaska concluyó la rueda de prensa con el anuncio de un despliegue policial formado por más de 7000 miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para garantizar el cumplimiento de las medidas. Los efectivos realizarán controles en diferentes puntos de acceso y salidas de los municipios afectados. Para garantizar la coordinación y la unidad, el ministerio ha constituido el Centro de Coordinación (Cecor) dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad.

La propuesta de Madrid
Unas horas antes, el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, compareció para presentar su propuesta de restricciones y así evitar la declaración del estado de alarma.

El plan de Madrid que había decretado la consejería de Escudero pasaba por las restricciones de movilidad por zonas básicas de salud, como dictaba el Ministerio de Sanidad que este jueves fue aprobado por el Tribunal Superior de Justicia. 

“Es difícil entender la declaración del estado de alarma porque nuestro plan funciona”, ha expuesto el consejero. También mostró su malestar después de poner en duda los datos sanitarios: “Madrid no miente, siempre hemos actuado con total transparencia. No puede ser que cuando las cifras sean malas las creamos, y cuando mejoran, no”. 

Además, el responsable de Sanidad insistió que el plan puesto en marcha por la Comunidad de Madrid estaba dando resultados. Así, le pidieron al ministro Illa que “reconsidere la orden impuesta la pasada semana y la Comunidad de Madrid siga desarrollando su plan”.

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