La presidenta del Banco Santander, Ana Botín.
El Banco Santander ha comprado el Banco Popular por un euro. El Banco Central Europeo (BCE) había calificado a esta entidad como “fallida o probablemente fallida”, es decir, inviable. Así, la entidad que preside Ana Patricia Botín adquiere el 100% del capital social de la dirigida por Emilio Saracho. Según un comunicado de la Junta Única de Resolución europea (SRB, por sus siglas en inglés), “esto significa que el Banco Popular operará en condiciones normales de negocio como miembro solvente y líquido del Grupo Santander con efecto inmediato”.
La SRB y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria español (FROB) han llegado a la conclusión de que “la venta era de interés público”, ya que protege a los depositantes del Banco Popular y “garantiza la estabilidad financiera”. No obstante, los accionistas del Popular perderán su dinero, pues la venta de la entidad implica su salida de bolsa y la pérdida de valor de sus acciones.
Asimismo, en una nota de prensa, el Santander anuncia una ampliación de capital de 7.000 millones de euros con el fin de cubrir “el capital y las provisiones requeridas para reforzar el balance del Banco Popular”. De esta manera, la institución compradora se convierte en el banco líder en España, tendrá 17 millones de clientes y capitaneará el mercado de las pymes, en el que destacaba el Popular.
#BancoSantander $SAN Santander acquires Popular, becoming the leading bank in Spain [CNMV] https://t.co/mORzARXGTy pic.twitter.com/5CqxLydnyc
— Banco Santander (@bancosantander) 7 de junio de 2017
Una compra sin usar fondos públicos
Según el comunicado de la Comisión Europea, los objetivos clave de esta institución eran “preservar la continuidad de las funciones críticas de los bancos, evitando al mismo tiempo el uso de fondos públicos y los efectos negativos sobre el sistema financiero”. Gracias a la ampliación de capital prevista por el Santander, estos se cumplirán.
Asimismo, para el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, la operación ha tenido lugar de forma transparente y supone “una buena salida para la entidad, dada la situación a la que había llegado en las últimas semanas, ya que implica máxima protección a los depositantes y la continuidad de la actividad”. Además, el ministro ha asegurado que al no usar fondos públicos se evita “un eventual contagio de riesgo soberano y bancario, como ocurrió en épocas pasadas”.