El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continúa con el cierre de la Administración más largo de la historia para intentar conseguir la financiación del muro con México, tumbada hace un mes por el Congreso. En medio de este desacuerdo se encuentran 800.000 empleados, que llevan sin cobrar desde el 22 de noviembre, día en el que comenzó el cierre.
Es la tercera vez que el presidente cierra el Gobierno por algún desacuerdo en las asignaciones presupuestarias desde el comienzo de su mandato. En medio del vendaval entre demócratas y republicanos, están los más afectados, los ciudadanos.
Un cierre de Gobierno es una suspensión provisional de todos los servicios públicos menos los considerados como «esenciales», como, por ejemplo, la Policía o los profesores de centros educativos. Esta situación ocurre cuando el presidente y una de las tres cámaras que representan la separación de poderes, normalmente el Congreso, tienen un desacuerdo a la hora de determinar el gasto público, que, a diferencia de países europeos como España, donde los presupuestos se presentan en una sola ley, EE.UU. vota y aprueba las asignaciones presupuestarias por partes.
En este caso, la parte del gasto público que ha causado el conflicto ha sido la financiación del muro con México. Los mayoría demócrata se niega a conceder los 5.700 millones de dólares que Donald Trump cree necesarios para levantar la barrera, ante el desencuentro con el Congreso, el presidente decidió activar el cierre de la Administración, para presionar a los demócratas e intentar desbloquear la situación.
¿Y ahora qué?
El actual cierre de Administración se mueve entre tres posibles desenlaces. El primero es que uno de los dos lados cediese en sus pretensiones y que el Congreso y Trump llegasen a un acuerdo, algo que parece improbable después de que el presidente calificara como «pérdida de tiempo» su encuentro con Nancy Pelosi, portavoz de la Cámara de Representantes, y Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado.
La segunda opción es la que usó como amenaza Trump la semana pasada, una emergencia nacional. «Puedo declararla y construir el muro con México sin aprobación del Congreso», amenazó el presidente, que poco después añadió que es de «sentido común» construir un muro. «Todos los americanos están dolidos por la inmigración ilegal e incontrolada», concluyó.
La última opción es el alargamiento del cierre de la Administración por días, semanas o hasta meses, un desenlace que afectaría negativamente a la sociedad estadounidense, pero que parece inevitable si no se llega a un consenso entre demócratas y republicanos.
Consecuencias económicas y culturales
El cierre de Administración ha arrastrado consigo a 800.000 funcionarios que, desde que comenzó este conflicto político ajeno a su actividad laboral, no han cobrado ni un solo dólar. Del total, 380.000 empleados se encuentran en casa, mientras que los 420.000 restantes continúan trabajando sin recibir ningún tipo de remuneración a cambio.
Las consecuencias económicas no se quedan ahí. Según un informe de S&P Ratings publicado el viernes pasado, por cada semana que perdura el cierre de la Administración, la economía estadounidense pierde 1,2 millones. Además, en caso de que el cierre prosiguiese otros diez días, los números rojos alcanzarían 5,7 millones del PIB estadounidense, la misma cantidad de dinero que Trump exige para financiar el muro con México.
Los analistas de S&P también avisaron de las graves consecuencias que puede suponer el alargamiento del cierre de la Administración. «Mientras que un cierre corto podría no cambiar los planes de negocio, uno largo podría obligar a algunas empresas a reducir su plantilla», afirmaron.
El cierre también está afectando a las familias con pocos recursos. Muchas de ellas podrían perder las ayudas alimenticias que reciben o los créditos universitarios cedidos por el banco, según CNN. Las tribus nativas, que dependen de fondos federales, también están en el limbo.
Otros campos, como el de la ciencia, han tenido que ver cómo sus experimentos se detenían, mientras que los parques y los centros históricos se han visto forzados a cerrar y ver cómo la basura se acumulaba dentro de ellos. Además, servicios como el FBI o los bomberos han visto como su plantilla se ha reducido a más de la mitad.