Agentes de la Guardia Civil y de la Policía local desalojaron, el 16 de abril, a las personas que habían okupado un edificio en Majadahonda (Madrid). Algunos de los okupas tenían numerosos antecedentes y otros contaban con recursos suficientes para pagar un alquiler.
El comienzo del proceso de desocupación fue a partir de la actuación de la empresa privada Desokupa, dirigida por Daniel Esteve, que intentó entrar en primera instancia con justificante del propietario del piso que acudió a ellos. Esta entrada acabó en una pelea entre los integrantes del grupo y los que se asentaban en el piso.
Posteriormente, la juez Silvia García-Cuerva aceptó la licencia del juzgado número 3 de Majadahonda, y tomó la medida cautelar del desalojo de la vivienda con restitución a la propiedad.
Finalmente, quienes entraron en el edificio fueron miembros del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, llegados desde Madrid, Zaragoza y Sevilla, y detuvieron a numerosos okupas.
Los acusados, con más de 100 antecedentes, quedaron en libertad el mismo día, y tienen la intención de volver a ocupar el espacio que dejaron con bombonas de butano, extintores de incendios y botellas de vidrio vacías.
Nueva Ley de vivienda
La nueva Ley de Vivienda, presentada el pasado 14 de abril y que se estima que se apruebe en mayo, incluye, entre otros aspectos, la suspensión de pago del inquilino a la inmobiliaria durante el primer mes (se pasará el gasto al propietario), la obligación de informar, en documentos duraderos, de detalles veraces, completos, claros, comprensibles y accesibles en cuanto a cualquier aspecto de la vivienda y características arquitectónicas.
Además, ofrece cambios en los procedimientos de desahucio a las familias más vulnerables. Cuando se apruebe la nueva ley, ya no se podrá expulsar a una familia de su casa, sin fecha y hora fijadas. Los propietarios, después de la tramitación parlamentaria, tendrán que acudir a procesos suspendidos por la pandemia y por la guerra de Ucrania.
