Sánchez toma medidas ante las acciones del Gobierno catalán

Quim Torra llama a recurrir a la vía eslovena para llevar a cabo la independencia.

Foto: PES Communications (vía: Flickr)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a la vía constitucional para defenderse de las provocaciones recibidas por parte de la Generalitat Catalana. Sánchez ha asegurado que todo lo que esté fuera de esta obtendrá “una respuesta firme pero serena del Ejecutivo, proporcional pero contundente”.

Con las mismas palabras con las que anunció, en octubre de 2017, la aplicación del artículo 155 junto a Mariano Rajoy, Sánchez ha explicado en qué consistiría la defensa del Gobierno ante los últimos sucesos provocados por parte de los independentistas.

Quim Torra, presidente de Cataluña, expresó su intención de recurrir a cierta radicalidad, si fuera necesario, para conseguir la independencia. El hecho de notar una tendencia a valerse de la vía eslovena -que causó cientos de muertes y numerosos heridos en una guerra que duró diez días en 1991- ha provocado una reacción por parte del Ejecutivo español.

En su discurso, Torra contaba con el apoyo del exconsejero de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Toni Comín, quien, al ver la trascendencia de estas palabras, ha declarado que no quieren recurrir a una solución tan radical. “En Cataluña ni ha pasado, ni queremos que pase, ni pasará nunca”, sentenció Comín.

En esta respuesta del Gobierno central también se incluye la intención de mandar refuerzos policiales si se comprueba que el ejercicio de la Policía autonómica catalana no está encaminado a evitar situaciones violentas.

La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto una investigación para analizar la pasividad de la Policía autonómica catalana ante los piquetes organizados por el Comité de Defensa de la República (CDR) que provocaron cortes en algunos tramos de la AP-7 durante el puente de la Constitución.

Según el fiscal encargado del caso, la actitud de los Mossos d’Esquadra no estuvo orientada a evitar este hecho y provocó “una permanencia injustificada en la lesión de los derechos de la multitud de usuarios de la autopista y una multiplicación en el quebranto de la empresa concesionaria”.