Las claves del juicio a los líderes separatistas

El 12 de febrero, ha dado comienzo el juicio contra los líderes del independentismo catalán. La utilización de la violencia para conseguir sus fines será uno de los puntos fundamentales del proceso.

El proceso judicial contra los líderes del procés ha comenzado este martes en el Tribunal Supremo. Están acusados, prácticamente, todos los integrantes del Gobierno de Carles Puigdemont, así como los líderes de las asociaciones separatistas ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, además de Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento catalán que aprobó la Declaración Unilateral de Independencia.

Según afirma el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, los acusados serán juzgados porque “dirigieron, promovieron y/o participaron activamente en la ejecución de una estrategia, a la que denominaron el procés, perfectamente planificada, concertada y organizada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña como nuevo Estado con forma de república, segregándola así del Reino de España”. Se les acusa de haber cometido delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia, y se piden para ellos penas que van de los 25 años de cárcel (como es el caso del exvicepresidente de la Generalidad Oriol Junqueras) a los siete años de cárcel de los exconsejeros Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila.

Cargos en contra
Son cinco las pruebas que presenta la Fiscalía en contra de los demandados: el uso de la violencia para alcanzar el fin, la convocatoria unilateral del referéndum, la declaración de independencia, el uso de los Mossos y fondos públicos (en España y en el extranjero) para la consecución de la independencia y, por último, la ilegalidad constitucional.

La Fiscalía sostendrá durante el juicio que los acusados hicieron uso de “todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia”. Esta prueba será respaldada por los vídeos de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart subidos en el capó de un coche de la Guardia Civil el día 20 de septiembre. Además, será apoyada también por un testimonio presencial.

Para defender la acusación de convocar de forma unilateral el referéndum, argumentarán que los miembros del Gobierno catalán fueron “plenamente conscientes de su proceder” e hicieron lo necesario para garantizar que el 1 de octubre se celebrara el referéndum, a pesar de su inconstitucionalidad. La Fiscalía argumentará que los acusados planificaron la consulta, consensuaron los medios y usaron los fondos públicos necesarios para que los catalanes fueran a votar (un informe de la Guardia Civil estima este gasto en cuatro millones de euros).

Respecto a la declaración de independencia, la principal alegación consiste en defender que no fue un acto simbólico, sino que se declaró unilateralmente la independencia con 85 diputados de una cámara de 135 parlamentarios.

Los acusados serán juzgados por diseñar y llevar a cabo una estrategia para alcanzar la independencia de Cataluña de forma unilateral y al margen de las leyes del Estado.

El último argumento en contra de los acusados es la total ilegalidad constitucional del proceso de independencia catalán, en el que la Fiscalía alegará que se “puso en riesgo la integridad territorial del Estado”. Para probarlo, se exhibirá la aprobación por el Parlamento de Cataluña de la ley de referéndum y de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, el 6 de septiembre de 2017. Además, se mostrará el paquete de normas que tenían preparado los independentistas para la nueva república catalana.

Argumentos de la defensa
La defensa se apoyará en 10 argumentos: movimiento pacífico y democrático, persecución judicial, reclamo de la ciudadanía, protestas legales, derechos fundamentales, violencia policial, privación de derechos políticos, presunción de inocencia, imparcialidad del tribunal y juez predeterminado.

Los líderes del proceso defenderán que sus actos estaban orientados a conseguir un objetivo político “perseguido desde hace 30 años”, y que lo hicieron desde la “cultura de la paz y la no violencia”. Asimismo, argumentarán que no es la primera vez que la Justicia se pone del lado del Gobierno para perseguir política y judicialmente una ideología.

La defensa se apoyará en 10 argumentos. Entre ellos, movimiento pacífico y democrático, persecución judicial, reclamo de la ciudadanía y protestas legales. 

También sostendrán que no fueron ellos quienes instigaron la actuación ciudadana, sino que fueron los ciudadanos los que solicitaron su actuación, por lo que argumentarán que solo intentaban dar una “solución política a una reclamación ciudadana”. Para defender la legalidad de sus protestas, se apoyarán en que nunca “se actuó asumiendo la posibilidad de que la votación del 1 de octubre podría constituir un ilícito penal ni generar un estallido violento”, y en que con sus actuaciones ejercían derechos fundamentales, como son el derecho a la libertad de expresión, ideológica o de reunión.

Los acusados defenderán que los agentes de la Policía Nacional “atemorizaron a los votantes” y cargaron contra ellos de forma indiscriminada. Para esto, se apoyarán en los vídeos de las cargas policiales del 1 de octubre. Argumentarán que desde la aplicación del artículo 155, han sido privados de sus derechos políticos y se les ha impedido ejercer el cargo de diputados autonómicos para los que algunos de ellos fueron elegidos en los comicios de diciembre.

Por último, los acusados defenderán que, desde el principio, ha existido un sesgo condenatorio que les ha negado el derecho a la presunción de inocencia. Además, alegarán que el tribunal tiene “prejuicios o ideas preconcebidas” y eso lo convierte en imparcial. En este sentido, afirmarán también que se han vulnerado las normas de reparto para la composición personal del tribunal.