Iñaki Urdangarin, condenado a cinco años y diez meses por el Caso Nóos

El Tribunal Supremo ha reducido 5 meses la condena del exduque de Palma y la Audiencia Nacional le ha dado cinco días para entrar en prisión.

Cinco años y diez meses. Así ha quedado la condena que el Tribunal Supremo ha dictaminado para el exduque de Palma, Iñaki Urdangarín, por su implicación en el Caso Nóos. Son cinco meses menos de los que la Audiencia de Palma sentenció en un principio.

El exsocio del cuñado del Rey, Diego Torres se enfrenta a una condena de cinco años y ocho meses por malversación, prevaricación y fraude a la administración, aunque ha sido absuelto de los delitos de tráfico de influencias, blanqueo y falsedad. Sin embargo, el expresidente de Baleares y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, ha sido condenado a tres años y ocho meses de cárcel, únicamente por prevaricación y fraude.

Hasta el día de hoy, Urdangarin residía en Ginebra (Suiza) con su mujer, la Infanta Cristina e hijos. El miércoles 13 de junio tuvo que volver a España, convocado junto al resto de acusados por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares a comparecer ante el tribunal para recoger el mandato de prisión, que ha señalado su ingreso en prisión para el lunes 18 de junio.

Abuso de privilegios
En la sentencia, el Tribunal declara también que Urdangarin y su socio han utilizado de “trampolín” su “privilegiada posición”, no solo en la contratación, sino también en la “exclusión” de toda “concurrencia posible”, obviando las “condiciones, presupuestos y proyectos que otras empresas podían ofrecer”.

José Castro, juez instructor del Caso Nóos, ha asegurado en el programa Al Rojo Vivo, de laSexta, que se ha dado “un trato de favor” y que el rey emérito, Juan Carlos I, tendría que haber declarado “como imputado” por la donación de 1,5 millones de euros que le hizo a la infanta Cristina para comprar el palacete de Pedralbes.

La multa a la Infanta
En el caso de Cristina de Borbón, el Tribunal Supremo ha rebajado la multa. En lugar de los 265.000 euros iniciales, ahora deberá pagar 128.000 euros. Al haberle rebajado a su marido la condena por delito fiscal, solo deberá devolver lo “disfrutado” por la malversación de caudales públicos cometida por este.