visita-cifuentes-metro-chueca-arcoirisUn grupo de ex dirigentes del Partido Popular (PP) y más de 20 organizaciones han impulsado una petición al Defensor del Pueblo para que presente un recurso de inconstitucionalidad a la ley de Protección Integral contra la LGTBfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, defendida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y aprobada por la Asamblea regional.

El ex ministro Jaime Mayor Oreja y ex diputados y senadores del PP como Gari Durán, Lourdes Méndez o Javier Puente son algunos de los firmantes. Para los populares, la ley elimina la presunción de inocencia, siendo el acusado de discriminar por orientación sexual el que tenga que demostrar su no culpabilidad. Además, denuncian que vulnera el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. La ley obliga a incluir contenidos LGTBI en los planes de estudio, incorporando obligatoriamente la visión de este colectivo en las aulas de todo tipo de centros educativos.

La ley obliga a incluir contenidos LGTBI en los planes de estudio.

La Ley Cifuentes fue aprobada por la Asamblea de Madrid en julio de 2016, con el voto a favor del PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos. Una ley que, entre otras cosas, fija multas de hasta 45.000 euros a quien ofrezca ayuda a alguien que quiera abandonar sus sentimientos homosexuales.

Las 20 organizaciones que respaldan la petición de inconstitucionalidad sostienen: “con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual (objetivo que evidentemente compartimos), la Ley Cifuentes aprovecha para imponer una determinada ideología, la ideología de género, como una visión propia y única sobre la persona, la familia y la sexualidad, sancionando a todos aquellos que no la compartan, suponiendo esto un grave atentado contra la libertad”.

Las medidas del Gobierno Cifuentes en este sentido no se detiene en lo legislativo. El pasado 9 de septiembre, una carta enviada por la Dirección del colegio católico concertado Juan Pablo II de Alcorcón a las familias advertía del dogmatismo que supone acusar de discriminación a quien piensa diferente. Unas semanas después, este centro está siendo investigado por haber señalado en su carta los peligros de la ideología de género y haber denunciado los intentos de imponer una ideología a fuerza de sanciones.

El colegio Juan Pablo II de Alcorcón está siendo investigado por señalar en una carta los peligros de la ideología de género.

Tras la denuncia de una asociación LGTB, la Consejería de Educación ordenó una inspección al colegio. Según ha informado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la Consejería de Políticas Sociales, por su parte, ha abierto una investigación reservada para ver si el contenido de la carta puede conculcar la ley contra la LGTBIfobia aprobada en la Asamblea de Madrid.

La Comunidad de Madrid también envió a la Fiscalía la carta del colegio Juan Pablo II para que investigue si el contenido puede incurrir en posible delito.