El Gobierno impulsa una ley para favorecer la vivienda social

La iniciativa pretende poner fin a la venta de residencias públicas a los fondos buitre.

El Gobierno va a impulsar una ley para “blindar la función social de la vivienda” y terminar con la venta a los fondos buitre para que no acaben especulando con ellas en el libre mercado. De esta manera, se pretende garantizar la igualdad de todos los españoles en el derecho de acceso a un domicilio.

Si bien, en un principio, se quería poner fin a la colaboración con los fondos privados, desde Fomento han aclarado que simplemente se trata de una regulación, ya que se necesita de esa ayuda, estructural y económica, para llevar a cabo la creación de nuevas viviendas públicas.

“Va a responder a la función social de la vivienda, configurando la vivienda social como un servicio público”, declaró Pedro Sánchez.

El Gobierno quiere impulsar la política de vivienda mediante la introducción de 20.000 nuevas viviendas en el mercado que permitan bajar la presión de los precios y ampliar la oferta. Esta nueva ley “va a responder a la función social de la vivienda, configurando la vivienda social como un servicio público”, declaró, el pasado 12 de septiembre, Pedro Sánchez en el Congreso. Las medidas para llevar a cabo la propuesta consisten en la creación de programas de ayuda para los jóvenes, regular el alquiler turístico, la ampliación a cinco años de los contratos y las prórrogas de los contratos de alquiler, una mejora del régimen fiscal para estimular la oferta y la moderación de precios. Además, se quiere reorientar el Plan Estatal de Viviendas para promover y proteger un parque público de vivienda “suficiente y asequible que permita atender especialmente las necesidades de las personas más vulnerables”.

El Ministerio de Fomento va a programar reuniones bilaterales con las comunidades y ayuntamientos para analizar los recursos de cada uno y plantear medidas que permitan la unificación de las políticas a nivel nacional.

Medidas contra las irregularidades
En la sesión parlamentaria se ha confirmado que la Abogacía General del Estado se va a personar como acusación particular en el proceso penal abierto contra la Comunidad de Madrid, que en 2013, a través del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), vendió 2.935 viviendas del Plan Joven al fondo de inversión Azora Gestión. Este hecho provocó que muchos de los interesados tuvieran que renunciar a la compra, debido al incremento del precio final de los domicilios, a los que ya no podían acceder. 

Ante este asunto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado: “no nos va a temblar la mano para que las administraciones que están detrás de este intolerable abuso, que ha afectado a tantas personas humildes, sin recursos, asuman sus responsabilidades políticas y económicas”.