El Gobierno convertirá en indefinidos 250.000 contratos temporales

El Ejecutivo lanza esta oferta de empleo a los trabajadores del sector público, que tendrán que realizar un examen para acceder a los puestos.

El Gobierno ha anunciado que 250.000 plazas de empleo público pasarán de ser interinas a indefinidas. Sin embargo, las personas que actualmente tienen estos contratos temporales no obtendrán el nuevo puesto. Los aspirantes deberán hacer un examen para optar al cargo. La prueba también la podrán realizar todos aquellos que cumplan con los requisitos de formación.

De tal manera, el solicitante de la plaza que no sea interino podrá optar a ella si obtiene una buena nota. No obstante, el Ejecutivo ha explicado que se dará ventaja a los aspirantes que cuenten con experiencia. “Esos procesos selectivos son de libre concurrencia, pero se podrá valorar el tiempo de servicios prestados a la Administración”, han comentado fuentes de Hacienda.

El objetivo del Gobierno y de los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.), CSI-F y UGT, que han colaborado en llevar a cabo el proyecto, es convertir en indefinidos el 90% de los contratos temporales. Según CC.OO., existen 360.000 interinos en el sector público español. En cambio, los datos de Hacienda los sitúan en 300.000. Por lo tanto, si se elimina la temporalidad de 250.000 trabajadores, los contratos temporales se reducirían a 100.000, aproximadamente.

El secretario general de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Javier Jiménez, asegura que el 25% de los contratos del sector público son temporales. La mayoría de estos se concentran en los ámbitos de sanidad (144.111), educación (109.785) y justicia (9.515). Este proyecto forma parte del plan del Ejecutivo que consiste en reducir los trabajadores interinos a un 8% en los próximos tres años. De esta manera, el Gobierno cumpliría con la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que insta a igualar las indemnizaciones por despido de empleados temporales e indefinidos.

Además de las 250.000 plazas, el Gobierno ofrecerá otras 67.000 que irán destinadas a la Administración General del Estado (19.000), las comunidades autónomas (28.144) y las entidades locales (20.000). Este plan es considerado por los sindicatos como “la mayor oferta pública de empleo de la democracia”. Esta estará dirigida al personal del sistema sanitario, de justicia, de servicios sociales, de gestión tributaria, de inspectores, de la policía local y a docentes de enseñanzas no universitarias.