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El Gobierno ha decidido aplazar al 1 de abril la prolongación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas, a pesar de que el decreto ley haya sido publicado en el Boletín Oficial del Estado este jueves. El Ejecutivo ha justificado esta decisión y ha dicho que la entrada en vigor “no puede ser inmediata, ya que la Seguridad Social debe adaptar su funcionamiento al nuevo régimen de permisos”. Además, han dicho haber encontrado un error que debe ser subsanado.

Una vez aprobada la modificación, que incluye la prolongación progresiva del permiso por paternidad, esas ocho semanas se convertirán en 12 el próximo año, y llegarán a 16 en 2021, equiparándose con el permiso de maternidad. También se retrasan al próximo mes de abril la ampliación de este permiso para los funcionarios y los cambios en las bonificaciones de cuotas para los autónomos que tengan hijos.

“Hace falta poder tener todo adecuado para el ejercicio de este derecho que sí que va a transformar mucho el panorama de la maternidad en nuestro país”, explicó la vicepresidenta, Carmen Calvo. 

Este permiso es intransferible, por lo que si el padre no hace uso de él, no se lo puede trasladar a la madre, y estará pagado al 100%. La modificación coloca a España a la cabeza de Europa en esta prestación. Uno de los cambios más significativos que establece este decreto ley es la obligatoriedad de que el padre disfrute de dos semanas de permiso inmediatamente después del nacimiento, por lo que el Gobierno arguye la necesidad de retrasar la puesta en vigor para poder adaptar los protocolos pertinentes y habilitar los “permisos por nacimientos”.

La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha explicado que la obligatoriedad hace necesario “un pequeño periodo de tres semanas de adaptación tanto de la Seguridad Social como de todo el tejido empresarial que se va a ver afectado”. “Hace falta poder tener todo adecuado para el ejercicio de este derecho que sí que va a transformar mucho el panorama de la maternidad en nuestro país”, ha añadido, en declaraciones a la prensa.

Impacto económico
En lo relativo a los costes que pueda tener la implementación y puesta en práctica de estas modificaciones, se calcula que va a suponer un fuerte impacto presupuestario. Para 2019, se estima un gasto de entre 250 y 300 millones. El coste de la equiparación total se valora en 1.100 millones, según datos aportados por el Gobierno, más otros 12 millones para los funcionarios.