El Congreso aprueba la reforma de la estiba

En el segundo intento del Gobierno, el real decreto ha sido admitido con 174 votos a favor, 165 en contra y ocho abstenciones.

La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar critica el real decreto por no garantizar el trabajo de todos los estibadores.

El Congreso de los Diputados ha aprobado, en su segundo intento (el primero fue el 16 de marzo), la reforma del real decreto ley de la estiba. El Partido Popular, Ciudadanos, PNV, Foro Asturias y UPN (Unión del Pueblo Navarro) han sumado 174 votos a favor, mientras que el PSOE, Unidos Podemos, Compromís y ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) han reunido 165 en contra. Los ocho diputados del PDeCat, que iban a oponerse, han cambiado de opinión y se han abstenido.

El diputado de PDeCat Ferrán Bel ha justificado la abstención de su partido. Bel ha asegurado que había que actuar “con responsabilidad” y enviar “un mensaje a Europa de garantía de respeto de la seguridad jurídica”. Con el texto aprobado, que el Senado revisará, España cumple con la sentencia de 2014 del Tribunal Europeo de Justicia. Esta instaba al Gobierno a reformar la “gestión de los trabajadores” de la estiba, pues no permitía a las empresas “recurrir al mercado para contratar su propio personal”.

Anesco “lamenta no haber podido participar en el proceso para la aprobación” del real decreto.

Asimismo, el diputado catalán ha explicado que, tras las negociaciones, su partido ha conseguido incluir cambios en el texto, como el fomento de la formación y la mejora de los convenios colectivos entre puertos. Sin embargo, la modificación clave para animar al PDeCat a la abstención ha sido la tramitación de vehículos por los estibadores, que “favorecerá a los puertos de Barcelona y Tarragona”.

La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) ha criticado en un comunicado que el real decreto no “garantiza los empleos de los más de 6.000 estibadores”. De hecho, los trabajadores del sector están descontentos con la reforma. CETM ha convocado huelgas que comenzarán el próximo 24 de mayo y que serán los lunes, miércoles y viernes de las tres semanas siguientes. Asimismo, la organización asegura que el Gobierno no les ha tenido en cuenta a la hora de realizar la norma.

Asimismo, Anesco (Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques) ha publicado un comunicado en el que “lamenta no haber podido participar en el proceso para la aprobación y convalidación” del real decreto. “En ningún momento, las empresas del sector han podido expresar su posición, faltándose al compromiso adquirido tras la propuesta de mediación”, dicta el texto.

El socialista César Ramos critica a De la Serna por no haber hecho “ningún esfuerzo para llegar a un acuerdo con los estibadores”.

Ante las huelgas y las reacciones de estas organizaciones, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha pedido “sensatez, mesura y sentido común”. La diputada de Compromís Marta Sorlí Fresquet le ha replicado que la “sensatez es estar al lado de los trabajadores”. Asimismo, el socialista César Ramos ha declarado que no felicitará al ministro “porque no ha hecho ningún esfuerzo para llegar a un acuerdo con las partes. Jamás levantó el teléfono; no ha estado a la altura”.

El diputado del Partido Popular Miguel Barrachina ha comentado que “esta reforma es una oportunidad para que se contrate a la primera mujer estibadora en Algeciras y para que los barcos no se marchen de los puertos españoles”. La presidenta de la Cámara, Ana Pastor, ha ordenado que los trabajadores presentes en el tribunal del público, quienes abucheaban a los partidarios de la reforma, salgan de la sala.

La aprobación de este real decreto elimina a las empresas que quieran introducirse en el sector de la estiba la obligación de participar en Sagep (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios). De esta manera, las nuevas compañías no tendrán que recurrir a los trabajadores inscritos en esta organización y tendrán libertad de contratación. Así, España intentará evitar la multa de la Unión Europea de 24 millones de euros (más de 134.000 euros por cada día de retraso en la aplicación de la reforma).