Comienza el juicio contra Chaves y Griñán por el caso de los ERE de Andalucía

La Fiscalía pide 30 años de inhabilitación y seis años de cárcel para el segundo y 10 de inhabilitación para el primero.

José Antonio Griñán durante un acto. Foto: PSOE de Andalucía.

El caso ERE llega a los juzgados del Prado de San Sebastián en Sevilla, después de seis años de instrucción e investigación de la juez Mercedes Alaya (junto con otros dos jueces). En el banquillo de los acusados se sientan los expresidentes socialistas de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros veinte ex altos cargos procesados por fraude.

La Fiscalía Anticorrupción ha leído los cargos por los que los inculpan: se acusa a los dos gobiernos andaluces, tanto el de Chaves como el de Griñán, de defraudar 161 millones de euros de los 741 millones de euros de las arcas públicas dedicados a facilitar las prejubilaciones realizadas por más de 60 empresas entre 2001 y 2011. Entre más de 6.000 prejubilados, que en la actualidad siguen cobrando las ayudas, la Fiscalía afirma que hay 126 “intrusos” a los que no les correspondía dicha pensión.

Los acusados se enfrentan hasta a seis años de cárcel.

Aparte de los 22 ex altos cargos, están llamados a declarar 114 testigos y 12 peritos. La Junta de Andalucía no se encuentra entre los acusados. A pesar de sentarse en esta primera vista, la Fiscalía no considera que el Gobierno regional utilizara las arcas públicas para beneficiar a empresas aliadas. Según el escrito, la malversación de fondos del Estado se centró en la Consejería de Empleo para realizar ayudas, ilegales, concretas a los “intrusos”.

Seis años de cárcel
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que, en caso de ser declarados culpables, Griñán se enfrente a una condena de seis años de cárcel y 30 años de inhabilitación política por malversación continuada. Mientras que para Manuel Chaves exigen 10 años de inhabilitación, al igual que para la exministra Magdalena Álvarez, por prevaricación continuada.

Además, el PP, que se encuentra entre la acusación, ha presentado cargos por asociación ilícita contra los 22 acusados y ha pedido dos años de cárcel añadidos para cada uno de ellos. El partido de la oposición andaluza también pretende elevar los cargos hasta los 1.280 millones de euros, en vez de 741 millones, ya que en la actualidad el Gobierno central sigue subvencionando los ERE.

El juicio se retomará en enero y se espera que finalice el próximo verano.

Esta primera sesión se realiza después de un breve paso por el Tribunal Supremo, que devolvió el caso a los juzgados de Sevilla. Además, esta primera vista es un tan solo un paso del largo proceso judicial. En esta ocasión, el objetivo era que los jueces vieran las cuestiones previas al caso y que la Fiscalía leyera los cargos de los que se acusa a los 22 excargos. El caso se retomará en enero y, aunque no dispone de un cronograma, se espera que el juicio se alargue hasta el próximo verano.

¿Qué son los ERE andaluces?
La crisis industrial de los años 90tuvo un claro resultado: miles de despidos. En 2001, el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, del PSOE, comenzó un proceso para dar respaldo económico tanto a las empresas que realizaran expedientes de regulación de empleo (ERE) como a los trabajadores despedidos.

Desde entonces, hasta 2011, la Junta andaluza utilizó un fondo de 721 millones de euros ampliables hasta más de los mil millones. Pero, durante los primeros años de la subvención, el PP de Andalucía mantuvo que la utilización del dinero público era de cauces irregulares.

Entre los despedidos había “intrusos” que nunca habían trabajado en la empresa.

Fue la empresa Mercasevilla la que terminó desvelando el presunto caso de mal uso de fondos públicos. Entre 2003 y 2007, Mercasevilla realizó diversos ERE que financió, en parte, la Junta de Andalucía. El comité de la empresa denunció que en la primera de las ayudas encontraron un “intruso”, es decir, un individuo que había recibido ayuda económica en calidad de despedido sin haber trabajado nunca en la empresa. Más tarde, la investigación de la Guardia Civil desveló que el sistema podía haber sido utilizado en más de 60 empresas que se acogieron al plan de ayudas entre 2001 y 2010.