Alsasua: la polémica del terrorismo

Los ocho acusados por terrorismo se enfrentan a penas de hasta 62 años de prisión.

El juicio por el caso Alsasua ha llegado a su fin. Tras diez jornadas, la Fiscalía mantiene su acusación de amenazas y agresiones terroristas a los ocho procesados, de los cuales tres llevan más de 500 días en prisión preventiva. Mientras, la defensa mantiene la inocencia de sus clientes.

El juicio juzga los hechos ocurridos en la madrugada del 15 de octubre de 2016, cuando dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas, ambas mujeres, fueron presuntamente agredidos por un grupo de personas en un bar (bar Kotxa). Desde entonces, el caso ha sido uno de los más sonados de los últimos años.

Por una parte, la acusación de terrorismo ha generado rechazo en redes sociales. Por otra, la posibilidad de que los ocho acusados pertenezcan al movimiento Alde Hemendik (Fuera de aquí, en euskera), campaña sucesora de Ospa! (¡Fuera!), que nacería a partir del ideal etarra, era una de las posibles pruebas que avalan el proceso por terrorismo.

De la inocencia a “temer” por su vida
Durante las diez sesiones que han compuesto el juicio, han sido muchas las versiones expuestas. Los ocho acusados, con matices, se reafirmaron en su inocencia.

Jokin Unamuno, quien se enfrenta a 50 años de cárcel, fue uno de los destacados como cabecilla de la presunta agresión. Él se ha defendido afirmando que “no” golpeó a nadie “ni dentro ni fuera del bar”.

Unamuno ha afirmado que les recriminó el “crujir a multas a los jóvenes”, pero que no hubo agresión. Además, recalcó que no tenía relación alguna con los otros acusados, excepto con uno que conocía del colegio.

El resto se mantuvo en esa línea. Dicen que no hubo ninguna agresión, admitieron una trifulca meramente verbal y haber consumido alcohol durante esa noche.

Por su parte, los presuntos agredidos y sus parejas mantuvieron su versión: durante su estancia en el bar, les increparon hasta que empezaron a agredirles. El sargento de la Guardia Civil, del que no puede publicarse su identidad, ha asegurado que llegó a temer por su vida.

“Esa sensación de odio nunca la he vivido”, ha destacado ante el tribunal que preside Concepción Espejel. Su compañero, teniente de la Guardia Civil, desmintió la versión de Unamuno. “No me recriminó ninguna multa”, ha explicado el agente.

Además, coincide con su compañero en que temió por su vida y ha aclarado que “nadie” les ayudó, aunque admite que las presuntas agresiones disminuyeron cuando se personaron dos agentes de la Policía Foral. El teniente, también, ha cifrado el número de agresores en “20 o 25”, aunque solo se juzgan a ocho.

Sus parejas, dos mujeres que estaban con ellos, han centrado sus declaraciones en las consecuencias que ha tenido el caso en sus vidas diarias.

Duda por dos vídeos
Mientras que los médicos forenses han confirmado que las lesiones coinciden con la versión de las presuntas víctimas (aunque admiten que podrían deberse a otras causas), algunos testigos negaron esta. En la tercera sesión, tanto el dueño del bar como la camarera negaron ningún enfrentamiento físico, aunque la trabajadora sí ha admitido haber visto a uno de los agentes tirado en el suelo. El dueño, en cambio, ha afirmado que las declaraciones de las que dispone la Fiscalía, y que aseguran ser de él, nunca las realizó.

Pero el punto de inflexión no ha llegado hasta que el tribunal ha aceptado dos vídeos de la defensa como prueba. En el primero se puede ver cómo Adur Ramírez, quien afirmaba no haber estado en el bar, se encontraba en un partido de pelota vasca y que vestía de negro (y no de rojo, como defiende la Fiscalía).

El segundo ha generado aún más polémica. El vídeo, grabado por Iñaki Abad (uno de los acusados), desmontaría la versión del sargento de la Guardia Civil. En él, se puede ver al agente con una camisa blanca impoluta (sin marcas de agresiones ni sangre) e incluso, cómo agrede al que graba el vídeo.

En la última sesión, la Fiscalía ha mantenido que se trata de una agresión planificada y con claras aspiraciones terroristas. Mientras, la defensa ha calificado como “inexistente” el cargo de terrorismo al no haberse podido demostrar la relación entre los acusados y ningún movimiento ni tampoco su participación en las agresiones.

“España sabe, por desgracia, lo que es terrorismo y lo que no es terrorismo”, ha concluido la defensa. De esta forma, el juicio queda visto para sentencia, con la posibilidad de que los acusados reciban penas de hasta 62 años.

La polémica del cargo por terrorismo
El juicio de Alsasua ha sido un megáfono para algunas organizaciones (como Amnistía Internacional o Juezas y Jueces para la Democracia) y motivo de debate en redes sociales por la “ambigüedad” de los delitos de terrorismo en el Código Penal. Sobre todo, tras la ampliación de estas tipificaciones por la reforma del 2015.

“Lo que es ambiguo es la definición”, explica Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional España. Álvarez recuerda la figura de Martin Scheinin, relator de la ONU para los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo (2005-2011), quien afirmaba que “si las leyes son vagas e imprecisas, acaban utilizándose mal”.

“Al asociar cualquier discrepancia con terrorismo, el Estado pierde legitimidad”, explicaba Scheinin durante una entrevista en 2015. El antiguo relator ha sido una de las figuras más críticas respecto a las leyes de lucha contra el terrorismo, recuerdan desde Amnistía Internacional.

Scheinin, durante su viaje por España, destacó en 2008 la necesidad de concretar los delitos de terrorismo en el territorio peninsular, además de criticar que hubiera un único órgano judicial que se encargara de estos casos (la Audiencia Nacional). Aunque Virginia Álvarez admite que “no hay definición internacionalmente aceptada”.

“Nosotros criticamos que hay un compendio de actos que pueden ser penados por terrorismo, pero que realmente no tienen esa naturaleza”, explica Álvarez. La responsable de Amnistía Internacional admite que el principal riesgo que hay en España es que los delitos de terrorismo se están convirtiendo “en un cajón de sastre”.

“Incitación, colaboración y apología” son las principales preocupaciones en relación con estos delitos del organismo internacional. Desde la reforma de 2015, el delito de enaltecimiento del terrorismo es uno de los más criticados a nivel internacional. Casos como el de la tuitera Cassandra o el de los titiriteros madrileños son algunos de los más conocidos.

El Cógido Penal español reconoce el delito de colaboración con organizaciones terroristas por imprudencia grave. Es decir, sin ser consciente de que se le está apoyando. “Expertos internacionales piden que, en cuestión de invitación y apología, solo se considere delito las referencias directas”, explica Virginia Álvarez.

Pero España no es la excepción de Europa. “Desde los atentados de París, Francia y Reino Unido (un poco antes) han reforzado sus leyes antiterroristas”, aclara Virginia Álvarez.

El caso de Alsasua
“Esto (Alsasua) no parece estar dentro de la gravedad que acarrea este delito”, sentencia Virginia Álvarez. Aunque no duda de que “haya habido un ataque a los agentes y sus parejas”.

Álvarez, quien habla en representación de los observadores de Amnistía Internacional, explica que “el fiscal intenta ligar lo sucedido a movimientos (como Ospa) que existían cuando los acusados eran niños”. Un relación que, tal y como afirma Álvarez, no han logrado demostrar “ni que hubo una previa antes de la agresión”.

“También nos preocupa que se vinculen los hechos con alguna fiesta popular a la que hayan asistido alguno de los acusados”, sentencia Álvarez. Además, la responsable de Amnistía Internacional afirma que ETA “no actúa desde 2011” y recuerda que se disolvieron “hace unos días”.

También aclara la polémica con la presidenta del Tribunal, Concepción Espejel, que es familiar de un guardia civil. “Aunque sí es cierto que nos llamó la atención, no hay nada que destacar del juicio”, concluyó Virginia Álvarez.