El Gobierno quiere universalizar la educación infantil, pero que paguen los ayuntamientos

Los consistorios consideran insuficiente el plan del Ejecutivo e inciden en la financiación de nuevas escuelas infantiles.

La escolarización temprana, de los cero a los seis años, es recomendable por los efectos en el rendimiento escolar futuro, según organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La tasa de escolarización en España es del 37,9%, con grandes diferencias entre comunidades. Aún así, existen ayuntamientos españoles que encuentran dificultades para sostener y ampliar la red de escuelas municipales. Para solventar este problema, el Gobierno anunció hace unas semanas un acuerdo con Podemos para incluir en los presupuestos de 2019 una partida de 330 millones de euros para mejorar escuelas y así favorecer su crecimiento. Sánchez, lo calificó como el comienzo de la estrategia para universalizar de cero a tres años las escuelas.

De esos 330 millones, el Gobierno solo aportará 30 para repartir entre los más de 430 ayuntamientos de España endeudados. Los 300 restantes saldrán de los presupuestos de cada Consistorio, ya que la medida permite a los ayuntamientos con superávit destinar fondos a la construcción de nuevas escuelas o a la mejora de las ya existentes. En la actualidad, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por el PP en 2012, lo impide.

La tasa de escolaridad de cero a tres años en España varía según cada comunidad autónoma. La tasa más alta la tiene el País Vasco, con un 52,4%, seguida de Madrid, con un 48,8%, Galicia, con un 45,9%, y Andalucía, con un 44%. Mientras que la tasa más baja la tiene Ceuta, con un 13%, Canarias, con un 16,8%, y Murcia, con un 18,3%. Las demás comunidades oscilan entre el 20% y 30% por ciento.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien además es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha reconocido que su Ayuntamiento no ofrece plazas suficientes para escolarizar a los niños de cero a tres años. Su ciudad, con 292.817 habitantes, tiene ocho escuelas infantiles municipales, 620 plazas totales, a un precio máximo de 124 euros al mes. Caballero incide, en que los gastos de gestión de esas escuelas deberían estar cubiertos por el Gobierno autonómico, ya que tiene la competencia educativa, y no por los consistorios. El Ayuntamiento de Vigo destina 1,4 millones de euros a los gastos de personal y al mantenimiento de estas ocho escuelas públicas. De las tasas que pagan las familias, ingresan 248.000 euros anuales. Esta propuesta, se realiza para que la mitad de los niños no paguen nada, según Caballero.

El Ayuntamiento de Santa Brígida, el municipio con mayor renta per cápita de Gran Canaria, es uno de los 436 endeudados que, en caso de aprobarse los presupuestos, se beneficiaría de parte de los 30 millones del Gobierno. Con una población de 18.295 habitantes, tiene una sola escuela infantil municipal, con 50 plazas. Hace cuatro años, el Cabildo les retiró a los ayuntamientos la subvención para las escuelas de cero a tres años. Desde entonces, las familias pagan una tasa de 200 euros. “Nos cuesta unos 200.000 euros al año. Lo que necesitamos no es que nos den dinero para construir escuelas, sino que nos ayuden a pagar los gastos y el personal”, ha reclamado Melquíades Álvarez, concejal de Educación.

Madrid tiene 56 escuelas públicas, a las que destina 35 millones de euros al año si ingresan ocho millones de las cuotas de las familias. En 2019, inaugurará 13 escuelas nuevas que le han costado 26,2 millones, unos dos millones por centro. Una de las diferencias entre la red pública y la privada es la “pareja educativa”, dos educadores por aula. “A diferencia de las privadas, aquí no usamos tronas ni mesas con asientos encajados. Ahora damos la comida en el regazo de uno en uno”, cuenta Marta Lucas, directora de la escuela pública madrileña de San Antón. El proyecto educativo fomenta el movimiento libre de los niños y estudian su momento evolutivo.

La portavoz del PSOE en el Congreso, María Luz Martínez, sostiene que “hay que tener mucho cuidado con la universalización del cero a tres, si no se hace progresivamente y con cautela puede acabar en una concentración masiva. Es importante invertir en esta etapa para asegurar el acceso de los alumnos al sistema público”. En su opinión, hay “una dispersión tremenda” en las 17 comunidades, ya que en algunas se hacen cargo los ayuntamientos y en otras, las comunidades o incluso fundaciones.