Suiza y la extradición a España, un acuerdo con más de 100 años

El país helvético admite que 'a priori' no entregarían a Anna Gabriel.

El anuncio de la dirigente de la CUP (Candidatura de Unidad Popular) Anna Gabriel, de quedarse en Suiza y no comparecer ante la Justicia por presuntos delitos de rebelión y sedición reabre el debate acerca de la extradición. ¿Debe el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, pedir una orden de detención internacional? ¿Qué probabilidades hay de que la acepten los helvéticos?

En primer lugar, hay que recordar que Suiza no es un Estado miembro de la Unión Europea (UE), aunque sí pertenece al espacio Schengen. Es decir, el país permite la libre circulación a los ciudadanos del resto de naciones que firmaron este acuerdo. Por lo que, al igual que en el caso de Carles Puigdemont en Bélgica, está en categoría de habitante europeo y no de refugiada política. Aunque Anna Gabriel ya ha advertido de que, si lo necesita, pedirá asilo en el país helvético.

Para que haya extradición, los cargos del acusado han de ser delito en ambos países.

Aun así, existe un acuerdo bilateral hispanosuizo por el cual cualquiera de los dos países puede pedir la detención y entrega de un presunto fugitivo. El convenio es uno de los más antiguos, que sigan vigentes, firmados en España.

Concretamente, el acuerdo se firmó en Berna el 31 de agosto de 1883 y en él se incluyen 32 delitos por los cuales se extraditaría a un prófugo. Aunque ha sido revisado y, en algunos puntos, actualizado, continúan activos. Además, el tratado también se rige, en ciertos aspectos, por la Convención Europea de Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal y por la Convención Europea de Extradición.

Requisito principal: delito común
Una de las condiciones que se tienen que dar para que la extradición se realice con éxito es que el delito por el cual se acusa en el país de origen también lo sea en el segundo. Aplicado al caso de Anna Gabriel, el portavoz de Justicia del Gobierno suizo, Folco Galli, ya ha adelantado que a priori no se entregaría a la líder de la CUP.

El acuerdo indica que “los crímenes y delitos políticos” no se incluyen en el convenio y tampoco ningún hecho “que tenga conexión” con cargos similares. La ley suiza, a su vez, especifica que en ningún caso se aceptará una petición de extradición si se trata de una persecución “por sus opiniones políticas (…) o consideraciones raciales, religiosas o de nacionalidad”.

Aunque hay delitos contra la Constitución en Suiza, debe haber “violencia acreditada”.

Para Galli, los cargos presentados por la Fiscalía son “a primera vista” delitos políticos, ya que dentro de la legislatura helvética no existen los crímenes por sedición ni rebelión -esto se puede deber a la categoría confederada de la nación-. Aun así, el portavoz ha recalcado que en el caso de que Llarena decidiera cursar una orden de extradición a Suiza, el Departamento de Justicia realizaría “un análisis en profundidad de los hechos” para determinar la naturaleza de los cargos.

A pesar de ello, el artículo 265 del Código Penal suizo establece una pena de, mínimo, un año de prisión por delitos contra el Estado, de alta traición y el impedimento del ejercicio de la Constitución tanto nacional como cantonal. Este último sí podría coincidir, en el caso de que la Fiscalía presente cargos por tratar de romper con la Carta Magna de España.

Pero el Gobierno suizo tampoco estaría obligado a entregar a Anna Gabriel a las autoridades españolas. Ya que su legislatura tan solo vislumbra como delito los casos en que se haya ejercido “una violencia acreditada”.

El fugitivo que España nunca entregó
La situación que vive Anna Gabriel en Suiza es similar a la sucedida en 2012 en España con el caso de Hervé Falciani, un informático francés. La Fiscalía helvética le acusó de sustraer datos de la filial suiza del banco HSBC y de colaborar con otros países para descubrir evasores fiscales en Suiza.

Falciani huyó de la Justicia y viajó hasta España, concretamente, a Barcelona. Entonces, Suiza presentó una petición de orden de extradición por haber violado la ley del secreto bancario. Aunque en un primer momento fue detenido, la Audiencia Nacional de España acabó rechazando la orden suiza ya que en España no existe la figura legal por la que se acusaba a Falciani. Es el mismo motivo por el cual algunos acusados de presunta corrupción en España viajan hasta Suiza.

Pero no todos los casos son rechazados. En contadas ocasiones, Suiza ha entregado a presuntos integrantes y ayudantes de la banda terrorista ETA, como en el caso de la alemana Gabrielle Kanze.