Rumanía toma las calles para manifestarse contra la corrupción

Las protestas fueron originadas por la decisión del Gobierno de aprobar un decreto para despenalizar ciertas corruptelas. El Ejecutivo ha retirado la medida, pero las críticas se mantienen.

Las protestas se intensificaron y el número de manifestantes ha aumentado hasta alcanzar el domingo por la noche 500.000 personas, repartidas por Bucarest y por 50 ciudades de Rumanía, según los medios nacionales.

Cientos de miles de personas han ocupado las calles de varias ciudades rumanas para mostrar su rechazo hacia el decreto de urgencia que despenalizaba ciertos delitos de corrupción. El Gobierno del Partido Socialdemócrata (PSD), responsable de la aprobación de esta medida, ha cedido ante las presiones nacionales y las críticas internacionales, y anunció el 4 de febrero que anulará el decreto. Sin embargo, los ciudadanos siguen protestando en contra de sus políticos.

Un decreto que legaliza la corrupción
El Gobierno socialdemócrata aprobó el martes 31 de enero, mediante un decreto de urgencia –sin previo paso por el Parlamento rumano–, una ley que despenalizaba los delitos por abuso de poder y corrupción si el perjuicio causado era inferior a 44.000 euros.

Según este decreto de urgencia, Liviu Dragnea, líder del PSD, no tendría que responder en un proceso iniciado por un caso de corrupción que causó pérdidas al Estado por valor de 24.000 euros. Además, la enmienda amnistiaría a unos 2.700 condenados por delitos menores y reduciría a la mitad las penas a los presos con más de 60 años de edad, independientemente del crimen. El Gobierno justificó el decreto en la necesidad de vaciar las abarrotadas cárceles del país.

“Hoy es un día de luto para el Estado de Derecho, que ha recibido un fuerte golpe de los adversarios de la Justicia”, señaló Klaus Iohannis, presidente de Rumanía.

A la decisión del Gobierno se opusieron la Fiscalía Anticorrupción, el Consejo de Magistratura y el mismo presidente de Rumanía, Klaus Iohannis. “Hoy es un día de luto para el Estado de Derecho, que ha recibido un fuerte golpe de los adversarios de la Justicia”, señaló Iohannis el 31 de enero, tras conocer la aprobación del decreto.

Unas manifestaciones que se extendieron por todo el país
Pocas horas después de conocerse la noticia, miles de personas empezaron a salir espontáneamente a las calles del centro de Bucarest para pedir la dimisión del Gobierno al grito de “ladrones” y “traidores”. Un grupo de manifestantes intentó entrar en la sede del Gobierno y la Policía respondió con gases lacrimógenos, según el canal Digi24. Las emisoras rumanas anunciaron que se reunieron otras decenas de miles de personas en las ciudades de Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Brasov y Sibiu. Al final del día, se contaron unas 100.000 personas en Bucarest, cifra que ha ido en aumento desde entonces, hasta superar los 200.000.

“Es una vergüenza, tenemos un Gobierno de corruptos que ampara a otros corruptos y que perpetúa un sistema que perjudica al ciudadano”, criticó Madalina Matei, funcionaria de 32 años que formó parte de los manifestantes de la plaza Victoria de Bucarest.

“Es una vergüenza, tenemos un Gobierno de corruptos que ampara a otros corruptos y que perpetúa un sistema que perjudica al ciudadano”, criticó Madalina Matei, funcionaria de 32 años y manifestante en la plaza Victoria de Bucarest.

Aunque el primer ministro derogó la medida el pasado 5 de febrero, los manifestantes no han detenido su movimiento y siguen con una oleada de protestas que no hace más que aumentar.

“Si volvemos a bajar a la calle esta noche no resistirán. Es ahora o nunca, sería magnífico si pudiéramos ser aún más numerosos”, escribió Galbus, un internauta en la cuenta de Facebook Coruptia ucide (la corrupción mata), utilizada por los manifestantes.

El Ministerio de Justicia estudiará próximamente un proyecto de ley que tomará en cuenta las críticas populares. Pero los manifestantes han insistido y rechazan dejarse estafar nuevamente. “Quieren volver con un nuevo texto al Parlamento. Seguiremos atentos para que no nos engañen”, subrayó Daniel, de 35 años.

La corrupción es uno de los motivos por los que la Comisión Europea continúa su auditoría sobre el sistema judicial de Rumanía desde su adhesión. La Fiscalía Anticorrupción ha logrado encarcelar desde 2010 a más de 3.000 políticos y funcionarios, entre ellos ministros y un ex primer ministro del PSD, Adrian Nastase. Rumanía es el segundo país más pobre de la Unión Europea y parte de la población se ha mostrado frustrada con su clase política, mediante una abstención superior al 60% en las pasadas elecciones generales.