La cuestión de confianza en Perú es constitucional

La Comisión de Venecia cree que la medida se ajusta a la ley, pero ve inusual la vinculación de una reforma con la Constitución.

Mensaje a la nación. Foto: ANDINA

El órgano consultivo del Consejo de Europa se pronunció el pasado 14 de octubre sobre la cuestión de confianza y el adelanto de elecciones de Perú a enero de 2020. En el documento expresa que la constitución peruana no pone límites a la moción presentada y muestra su sorpresa por el rápido archivamiento del proyecto electoral por parte de la oposición.

El presidente del Congreso peruano pidió la opinión de la Comisión de Venecia sobre la intención del presidente de la República, Martín Vizcarra, del adelanto electoral y de una nueva cuestión de confianza anunciadas en el discurso por las festividades patrióticas del Perú. Estas decisiones llegaban por la falta de apoyo por parte del Congreso, con mayoría opositora, a las reformas constitucionales presentadas.

Por eso, el organismo europeo concluyó que “La Constitución peruana no establece ninguna limitación explicita respecto a los asuntos que pueden estar vinculados a una cuestión de confianza”. Por lo que la propuesta por parte del ejecutivo estuvo dentro de lo constitucional y no como denunciaba la oposición fujimorista que archivaron rápidamente el proyecto del presidente sobre el adelanto de elecciones para el año 2020.

La Comisión de Venecia añade que “vincular una reforma constitucional a una moción de confianza es inusual” y aunque el presidente de la República puede comenzar reformas con la aprobación del Consejo de Ministros, “el Congreso debe rectificar los cambios”. Por eso recomiendan que se dé un plazo para celebrar debates institucionales en el Congreso que respalden la Constitución.

Perú tiene condenados e investigados a cinco expresidentes, uno de ellos se suicidó, debido a la corrupción que azota a casi toda Latinoamérica, el último por el caso Odebrecht. La inestabilidad del país ha llevado a muchos peruanos a manifestarse a favor de una disolución del Congreso, que finalmente fue realizada por Martín Vizcarra el 30 de septiembre.