Julian Assange en rueda de prensa. Imagen: Cancillería de Ecuador en Wikimedia Commons.

La Policía británica arrestó el pasado jueves, en suelo ecuatoriano en Londres, al periodista impulsor de Wikileaks, la plataforma que se hizo famosa en 2010 por exponer documentos del Pentágono y del Departamento de Estado estadounidense que revelaban cuestiones de espionaje e información diplomática y bélica de la guerra de Irak.

Los documentos en su poder revelaban operaciones paramilitares de la CIA, así como el uso de los drones contra población civil. También exponían a confidentes de Estados Unidos en Irak y Afganistán y a espías que trabajaban en la lucha contra el terrorismo yihadista, a los que ponía en riesgo.

Assange estaba refugiado en la embajada desde junio del año 2012, donde había pedido asilo tras comenzar la persecución de las Fuerzas de Seguridad suecas y norteamericanas por presuntos abusos sexuales y filtración de información confidencial.

Julian Assange “ha sido acusado de conspiración por intrusión en los ordenadores del Gobierno”, según afirmó el ministro de Justicia estadounidense. 

El activista fue perdiendo, paulatinamente y a lo largo del tiempo, los apoyos con los que contaba por la excesiva información que compartía en su plataforma. Además, algunos de  sus seguidores y colaboradores comenzaron a pensar que con sus publicaciones servía a aquellos poderes que años antes había despreciado.

La detención, que se llevó a cabo el pasado jueves, tiene dos razones. La primera es que el Gobierno británico considera que el hacker ha violado los términos de su libertad condicional. La segunda es que todavía pesa sobre él una orden de extradición por parte de Estados Unidos por “delitos informáticos”.

Assange está bajo custodia de Scotland Yard a la espera a la espera de conocer cuál será su sentencia en el sistema judicial británico. Además, el próximo 2 de mayo comparecerá ante la Corte de Magistrados de Westminster, por el asunto de su plausible extradición a Estados Unidos, donde enfrentaría “a una posible condena de prisión”. Según afirmó, William Barr, el secretario de Justicia estadounidense, “ha sido acusado de conspiración por intrusión en los ordenadores del Gobierno”.

Las autoridades británicas han garantizado a Ecuador que el activista no será extraditado a un país donde podría enfrentarse a la pena de muerte.