Imagen: MALLUS en Wikimedia Commons.

El último Informe sobre derechos humanos por países –elaborado por el cuerpo diplomático estadounidense-, que analiza la situación mundial de los derechos humanos, defiende la independencia de la Justicia española y rechaza que haya “presos políticos” en Cataluña, como mantienen los separatistas.

En el documento, el Departamento de Estado recalca que el referéndum del 1 de octubre de 2017 fue declarado ilegal por la Justicia, y que “el Gobierno, por regla general, respeta la independencia y la imparcialidad de la Justicia”.

Todo esto ocurre a pesar de que se reabriera la embajada catalana en Washington, y de todos los viajes y negociaciones del presidente de la Generalidad, Quim Torra, y el lobby separatista en la capital norteamericana. En su última visita a Washington, Torra estuvo en el Capitolio intentando sumar apoyos a la causa independentista. El presidente catalán se reunió con cinco diputados demócratas y republicanos a los que expresó que el Gobierno de Pedro Sánchez contemplaba autorizar la figura de un mediador internacional, medida que finalmente fue descartada por la presión política y social sobre el ejecutivo. En el encuentro, Torra acusó al Estado español de “no respetar los derechos civiles de las minorías”.

“El Gobierno, por regla general, respeta la independencia y la imparcialidad de la Justicia”, afirma el informe elaborado por la diplomacia estadounidense.

En otra de las afirmaciones del informe, la diplomacia estadounidense acusa a los nacionalistas catalanes de atentar contra la libertad de expresión e incitar al odio. Además, afirman que los separatistas impidieron una campaña política, e hicieron así efectiva esa amenaza contra la libertad de expresión. Asegura también el texto que las autoridades autonómicas en Cataluña “incrementaron su acoso a periodistas a favor de la unidad de España en redes sociales, mientras la policía autonómica intimidó a otros periodistas”.

En referencia a la queja nacionalista de que en Cataluña hay presos políticos, desde el Gobierno norteamericano aseguran: “Varios representantes de los partidos políticos nacionalistas catalanes mantienen que algunos miembros de esos partidos, sujetos a prisión preventiva por el referéndum de independencia en Cataluña celebrado en octubre de 2017 y declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo, son presos políticos”. El informe concluye: “Ni el Gobierno ni ninguna organización no gubernamental de derechos humanos respalda esa afirmación”.

Además de desmentir los argumentos separatistas, y asegurar que no hay informes creíbles sobre supuestos “abusos a los derechos humanos” en España, el informe hecho público este miércoles afirma que los supuestos presos políticos son “nueve miembros de los partidos políticos y de grupos civiles a favor de la independencia de Cataluña, en prisión preventiva desde finales de 2017, acusados de varios delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos”.