China ejecuta al campesino erigido en símbolo contra la pena capital

Jia Jinglong, de 29 años, fue condenado por asesinar al alcalde de su aldea después de que este le expropiara sus terrenos y demoliera su vivienda. Se convirtió en símbolo de la lucha contra la pena de muerte y la arbitrariedad judicial.

Jia Jinglong, el campesino cuya condena a muerte movilizó a célebres profesionales del Derecho y a miles de internautas en su defensa, fue ejecutado por las autoridades chinas el pasado martes por asesinar al alcalde de su aldea. Este había expropiado sus terrenos, según informó el Tribunal Intermedio de Shijiazhuang en un comunicado. Las protestas contra la pena capital y el funcionamiento del sistema judicial fueron insuficientes para indultar al joven campesino de 29 años.

El caso de Jia Jinglong                                                                                                 Jia Jinglong, procedente de Beigaoying, una pequeña aldea perteneciente a la provincia septentrional de Hebei, fue condenado a muerte por el asesinato del alcalde de su municipio, He Jianhua, a quien culpaba de arruinar su vida tras la expropiación forzosa de sus tierras y la demolición de su casa.

En 2013, en vísperas de su boda, las autoridades locales ordenaron el embargo de las tierras donde se situaba su vivienda y la demolición de esta. Después de dos años de batallas legales y administrativas, y tras romper con su prometida, el campesino se armó con una pistola de clavos modificada y acabó con la vida del alcalde.

Después del crimen, Jia se entregó a las autoridades. Durante el proceso, sus abogados no discutieron su responsabilidad en el asesinato, sino que intentaron posicionarlo como la víctima de un sistema judicial injusto con las personas más desfavorecidas.

Repercusión mediática                                                                                                  El caso de Jia Jinglong provocó que buena parte de la comunidad legal de China se reuniera en torno a su defensa y que incluso algunos periódicos estatales apoyaran la suspensión de la pena de muerte, algo poco convencional. Entre los atenuantes de su caso, se encontraba el hecho de que se entregó voluntariamente a las autoridades, que había sido víctima de violencia y que no perjudicó a ningún inocente.

A pesar de todo, las autoridades omitieron los ruegos de los activistas y partidarios de la causa, y Jia fue ejecutado tras una última reunión con sus familiares “como estipula la ley”, según explicó un despacho de la agencia estatal Xinhua.

En redes sociales como Weibo, los internautas mostraron su inconformidad y enfado con la ejecución de Jia. En una entrevista concedida a Agence France-Presse (AFP) horas antes de su muerte, su hermana Jia Jingyuan, aseguró que el mal que estaba sufriendo su hermano hacía sentir a muchas personas que la Justicia estaba fuera de su alcance: “Lo que él ha experimentado es lo que muchos están pasando o van a pasar… Hay mucha injusticia en la sociedad, y los derechos básicos de la gente no son defendidos”, afirmó.

Unas protestas que podrían haber sido desfavorables                                  Semejante corriente de simpatía hacia una persona y tanta atención de los medios de comunicación podría haber sido contraproducente. “Hace unas semanas, hubo señales de que el Gobierno podría haber recapacitado sobra la decisión de ejecutar a Jia, pero parece que finalmente decidieron que la presión en Internet era simplemente demasiado grande”, aseguró desde Hong Kong William Nee, investigador para China de Amnistía Internacional. “Por mantener la autoridad de la ley y no mostrar debilidad, se sintieron obligados a seguir adelante con la ejecución”.

El Diario del Pueblo, propiedad del Partido Comunista de China, advirtió en un comentario que los profesionales del Derecho que se habían pronunciado a favor de Jia Jinglong podrían haber ido demasiado lejos en sus intentos de galvanizar a la opinión pública. “Una corriente de opinión pública no basada en la realidad, sin duda socava la credibilidad judicial y daña la autoridad de los tribunales, y puede incluso llevar a consecuencias mucho peores aún”, declaró el editorial.

Por su parte, William Nee declaró que las críticas generadas por este caso podrían tener algún impacto futuro en el sistema judicial de China y su aplicación de la pena de muerte. “La gente ha podido ver lo difícil que es para los abogados defender adecuadamente a sus clientes, tener acceso a documentos legales y pruebas y que se tomen en cuenta sus argumentos. El intenso escrutinio de la decisión del tribunal probablemente obligará a los jueces a actuar con mayor moderación en el futuro”. 

Las expropiaciones forzosas y las demoliciones sin compensaciones adecuadas ni recursos legales justos se han convertido en algo ordinario en el desenfrenado proceso de urbanización de China. El país vive casos de corrupción de funcionarios locales que frecuentemente actúan en beneficio de promotores inmobiliarios. Estos factores han favorecido que casos como el de Jia Jinglong sean una de las causas más comunes de protestas en China, el país que más ejecuta del mundo, por lo que miles de personas se sintieron identificadas con su historia cuando apareció en los medios de comunicación.